El Gobierno destinará a la Región 22,5 millones para transformar el sistema de cuidados

Las líneas son cuidados de larga duración, servicios sociales y accesibilidad universal

Una mujer pasea junto a un anciano en silla de ruedas
Una mujer pasea junto a un anciano en silla de ruedasCarlos Castro / Europa Press Europa Press

El Gobierno central destinará a la Región de Murcia 22,5 millones de euros de los fondos europeos para desarrollar proyectos de inversión sobre cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así lo ha aprobado este viernes el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que ha estado presidido por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, informaron fuentes ministeriales en un comunicado.

En concreto, los fondos incluyen 730,8 millones de euros que, con carácter finalista, las comunidades autónomas deben destinar necesariamente a financiar los proyectos que se han comprometido a poner en marcha en tres líneas: cuidados de larga duración, servicios sociales y accesibilidad universal.

Este compromiso se recogerá en un convenio bilateral que se firmará entre el Ministerio y cada comunidad. Además, se establecerá un mecanismo de coordinación permanente entre todas las administraciones para asegurar que realmente se alcanzan los objetivos de transformación social que persigue este componente.

Tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Territorial, se firmarán los convenios bilaterales entre el Ministerio y las comunidades, donde se recogerán tanto los proyectos concretos que se van a implementar y su coste, como los hitos y objetivos que las autonomías se comprometen a alcanzar con ellos. Su cumplimiento será objeto de evaluación cada semestre.

A la firma de los convenios, las comunidades recibirán el importe completo de los fondos del año, incluso aunque la Unión Europea aún no haya hecho el primer ingreso, gracias a la decisión del Gobierno de incluirlo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que agilizará su puesta en marcha.

Este mismo proceso de distribución de fondos ha de producirse cada año, pero será mucho más rápido, ya que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha concretado con las comunidades los fondos que les corresponderán hasta 2023 y su distribución --se aplicarán los mismos criterios que en 2021--, así como los proyectos que se ejecutarán en todo el periodo.

La inversión total de estos fondos hasta 2023 será de 2.600 millones. Las comunidades autónomas destinarán el 70 por ciento a mejorar los sistemas de apoyos y cuidados de larga duración, lo que incluye mejorar las infraestructuras residenciales y adaptarlas al modelo de Atención Centrada en la Persona que se quiere impulsar; centros de día y otros recursos de atención en la proximidad alternativos a las residencias y teleasistencia.

Un 26 por ciento se dedicará a la modernización de los servicios sociales, esto es, innovación tecnológica y digitalización; formación de profesionales; proyectos piloto de innovación; infraestructuras de atención a la infancia y cambio de su modelo), y un 4 por ciento a la accesibilidad en todos los ámbitos --espacios y servicios de la administración, transportes, educación, entre otros--.

Reparto por CC.AA.

De los 730,8 millones de euros con los que cuenta este componente, la comunidad autónoma que mayor cuantía recibirá será Andalucía, con 124,9 millones (el 17,1 por ciento); seguida de Cataluña, con 110,3 (15 por ciento); la Comunidad de Madrid, con 94,1 (12,8 por ciento); Comunidad Valenciana, con 72,4 (9,9 por ciento); Galicia, con 45,6 (6,2 por ciento); Castilla y León, con 41,8 (5,7 por ciento) y Castilla-La Mancha, con 34,9 (4,7 por ciento).

Le siguen Canarias, con 34 millones (4,6 por ciento); País Vasco, con 32,2 (4,4 por ciento); Aragón, con 23,7 (3,2 por ciento); la Región de Murcia, con 22,5 (3,05 por ciento); Extremadura, con 18,8 (2,5 por ciento); Islas Baleares, con 17,8 (2,4 por ciento); Asturias, con 17,1 (2,3 por ciento); Navarra, La Rioja y Cantabria, con 10,9 cada una (1,5 por ciento) y Ceuta y Melilla, con 3,6 cada una (0,5 por ciento).

Listas de espera

Asimismo, en el Consejo Territorial se han aprobado 73 medidas que el Gobierno ha trabajado con las comunidades autónomas a lo largo de los últimos meses, para reducir las listas de espera en dependencia. En concreto, el objetivo que se han marcado es reducir en “60.000 personas” estas listas de espera, en las que actualmente hay más de 230.000 personas.

“El Gobierno de España y las comunidades tiene un objetivo común, que no haya más personas que tienen reconocido el derecho de la atención a la dependencia y que están esperando las ayudas y prestaciones sin que se hagan efectivas”, ha subrayado Belarra.

Según ha podido saber Europa Press, las medidas que tomarán las comunidades para reducir las listas de espera, se concretan en ocho bloques: Medidas para simplificar los procedimientos de valoración del grado y reconocimiento de prestaciones y servicios; medidas para integrar los procesos de valoración y Programa Individual de Atención (PIA); y medidas para el desarrollo de soportes informáticos.

Asimismo, tendrán que aplicar medidas dirigidas a reforzar los recursos humanos en procesos de gestión y de valoración; incremento de inversión en recursos técnicos y materiales; medidas dirigidas a ampliar la disponibilidad de plazas en servicios deficitarios y las intensidades; y medidas dirigidas a la supresión de duplicados y disminución de incidencias. Esto último lo desarrollará el Imserso mediante un servicio permanente para revisión y depuración de expedientes dirigido a todas las comunidades.

Menores que migran solos

El Consejo Territorial también ha dado luz verde a la financiación para que las comunidades autónomas atiendan adecuadamente a los niños y niñas que migran solos.

“Pensamos que es nuestra responsabilidad, no solo articular la respuesta, sino también ofrecer recursos económicos a las regiones que están haciendo un sobresfuerzo, que hoy se ha concretado en una distribución territorial. Además, hemos promovido que las comunidades ofrezcan plazas solidarias (200)”, ha dicho.

Para la ministra, es “especialmente importante porque todos nos tenemos que corresponsabilizar de una situación que ni Canarias ni Andalucía han elegido, sino que por estar geográficamente donde están, tienen una mayor llegada de niños que migran solos y nuestro país tiene que mostrar solidaridad y plurinacionalidad, corresponsabilizándose con esta acogida”.