El Gobierno murciano y la CHS entregan a la Fiscalía la documentación sobre la anoxia del Mar Menor

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, y la directora general del Mar Menor de la Comunidad Autónoma, Miriam Pérez, han entregado este lunes al fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, la documentación que este les había reclamado sobre el episodio de anoxia que sufrió la laguna salada el pasado agosto y que ocasionó la muerte de toneladas de peces y crustáceos.

Fuentes de la fiscalía han dicho a Efe que durante la declaración como testigos de ambos, Díaz Manzanera los ha interrogado sobre dicha documentación, aunque hasta que estudie su contenido no resolverá sobre el recorrido que tendrán las actuaciones, que son consecuencia de la denuncia presentada por el gobierno regional contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La denuncia de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente fue presentada inicialmente ante la Fiscalía General del Estado, que la remitió a la Fiscalía Superior de la Región de Murcia al considerar que era esta la competente para estudiar su contenido y decidir si había indicios de delito en la actuación del citado departamento ministerial.

En la denuncia de las autoridades regionales murcianas, el responsable de la contaminación por nitratos que en los últimos años sufre esta laguna salada sería el Gobierno central, por no actuar sobre los vertidos que llegan a la misma desde la Rambla de El Albujón o desde el acuífero de la zona.

Una vez analizados los documentos el fiscal superior decidirá si reclama más informes y si llama a declarar a nuevos testigos, para resolver finalmente si considera que existen indicios delictivos y si debe actuar contra los presuntos responsables.

Durante su declaración, Miriam Pérez ha insistido en la responsabilidad de la administración central, mientras que el presidente de la CHS lo ha negado con la documentación aportada, en la que se recogen las actuaciones llevadas a cabo por el órgano de cuenca en los últimos años para evitar los vertidos contaminantes.