Golpe a la agricultura murciana con el recorte del trasvase Tajo-Segura

Golpe a la solidaridad. El Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Tajo ha aprobado este martes el nuevo Plan Hidrológico en el que se incluye un aumento de los caudales ecológicos y reduce así en 105 hectómetros cúbicos al año el envío de agua destinado al trasvase para el Segura. Una situación aplaudida por el gobierno socialista de Castilla-La Mancha, pero que supone un varapalo para el sector agrícola del sureste español. Y así lo ha evidenciado el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, quien ha alertado de que el futuro del trasvase «queda en manos del Ministerio».

El presidente murciano, Fernando López Miras, califica la decisión de «sentencia de muerte» e incidió en que este paso más en la «hoja de ruta» del Ejecutivo de Sánchez se verá de frente con el Gobierno murciano. «Llegaremos hasta el final para defender los intereses de la Región».

La decisión supone un golpe para todos los regantes y agricultores de la Región de Murcia que verán cómo en los próximos 5 años menoscabará la productividad de 12.000 hectáreas, tendrá un impacto económico de 122 millones de euros, y supondrá la pérdida de, al menos, 5.000 empleos directos, según denunció el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado.

«También implicará problemas medioambientales para las provincias del levante derivados de la desaparición de sumideros de CO2. Es algo absolutamente inaceptable e injustificable que no vamos a aceptar jamás desde el PP».

A todo esto, Segado insistió en que «hay que añadir una inevitable subida del precio del agua para beber, que será un factor más de desigualdad para la población de la Región respecto del resto de españoles».

Para el portavoz popular, la decisión evidencia que «los socialistas murcianos no pintan nada en el PSOE de Pedro Sánchez», lo que a su juicio demuestra que el delegado del Gobierno en la Región, José Vélez, «es un cero a la izquierda en la estructura nacional de su partido, como ya lo fue su antecesor Diego Conesa en su momento».

Desde el Partido Popular insisten en «no entender» cómo el Ministerio de Transición Ecológica acepta rebajar los caudales ecológicos del Ebro y del Guadalquivir, y sin embargo con respecto al Tajo pretenden modificar los caudales «a su antojo político por puro sectarismo, sin tener en cuenta las alegaciones técnicas». De hecho, incide en que todos los nuevos planes de cuenca, incluido el del Tajo, a excepción de los tramos que afectan al Trasvase, hayan cambiado las medidas inicialmente previstas.

«Esto pone de manifiesto una clara intencionalidad política, que no responde a criterios científicos ni técnicos, sino a una hoja de ruta planificada y diseñada para clausurar definitivamente el Trasvase, como ya avisó Sánchez en su momento», lamenta Segado.

Asimismo, recuerda, «Pedro Sánchez se ha negado a sentarse con el presidente López Miras para abordar este problema y dar respuesta al millón y medio de ciudadanos de la Región», por lo que «se vuelve a demostrar el sectarismo y la falta de lealtad institucional del Gobierno central».

Más voces críticas

Por su parte, el presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, en una reunión con Puig, urgió a actuar de manera «inmediata para frenar este ataque que el Gobierno central está perpetrando contra la agricultura alicantina».

Asimismo, el propio Puig aseguró que el Gobierno valenciano «no dará ningún paso atrás» porque ve «razones jurídicas, políticas y sociales» para defender su continuidad en los tribunales. «Estamos con los regantes».

«Nuestra lealtad es con esta tierra, nuestra lealtad es con los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y la Generalitat no estará nunca de acuerdo con aquello que perjudique a los regantes», ha insistido Puig, quien ha recordado que en este proceso han presentado alegaciones racionales sustentadas técnica y jurídicamente para mejorar las perspectivas que anunciaba el Ministerio.

De momento, cabe recordar que este plan de cuenca todavía tiene que pasar por el Consejo Nacional del Agua antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros.