“El problema estaba solucionado, ya estaba todo arreglado y ahora ha salido otro problema”. Son las palabras de lamento de Abdelalí, el vecino marroquí de Torre Pacheco que se erigió como portavoz de la comunidad musulmana durante los disturbios del pasado mes de julio en el municipio y que, casualmente, también tiene familia directa en Jumilla. La polémica moción aprobada por el ayuntamiento de esta población del Altiplano, mediante la cual se prohíbe la celebración de ritos religiosos en espacios deportivos municipales, ha levantado ampollas entre los principales perjudicados. “Están metiendo odio y están utilizando la religión para ello”, asegura este comerciante pachequero, que está convencido de que se trata de una decisión política, que busca la confrontación entre las diferentes formaciones. A pesar de los intentos del consistorio jumillano de explicar que la moción de Vox ha sido modificada, -para evitar problemas legales, el PP ha hecho extensible la prohibición de celebrar cualquier tipo de evento, incluidos los musicales, en este tipo de instalaciones-, la bomba ha vuelto a estallar y las reacciones en toda España no se han hecho esperar.

El periodista, sociólogo, profesor y autor del blog "Islam en Murcia", Paulino Ros, tiene muy claro que hay una intencionalidad política detrás de esta iniciativa. “Es un error político del ayuntamiento de Jumilla, ya que siempre se han celebrado las festividades musulmanas colectivas en instalaciones deportivas municipales, con gobiernos del PP y del PSOE, y jamás hubo ni un solo problema”, apunta, en declaraciones a LA RAZÓN, este experto en el mundo musulmán, quien cree que, de esta forma, el ayuntamiento de este municipio del Altiplano se pliega a las exigencias de la ultraderecha y se alinea con los discursos excluyentes y de odio. De hecho, Ros tiene que claro que se trata de una medida, asegura, que está fuera de la Constitución. Además, insiste en que nunca ha habido problemas con gobiernos de distintos signos acerca de esta cuestión, que no es otra que respetar las diferentes creencias religiosas. Por eso, este analista se pregunta: “¿Cerrará calles la alcaldesa a los pasos de Semana Santa? Impensable. Pues en la España del año 2025 es igual de impensable que una administración pública señale a un colectivo por su religión, sea cual sea”.

Desde el propio colectivo musulmán en la comunidad autónoma manifiestan que este tipo de iniciativas políticas vuelven a ponerles en el centro de la diana y temen que más mociones similares se repliquen en otros lugares de la Región o de España, lo que podría traducirse nuevamente en conflictos y en crispación social. “Nosotros no tenemos nada contra ninguna religión, ni la musulmana, ni la católica, ni cualquier otra religión, las respetamos”, dice Abdelalí en declaraciones a este periódico, que tiene claro que la ultraderecha está sembrando “el odio contra los extranjeros”. Y ellos, dicen, solo quieren vivir en paz y trabajar en la que es su tierra de acogida. Como buen conocedor de la realidad islámica, Paulino Ros reflexiona y transmite que “ha sentado muy mal entre los musulmanes, no solo de Jumilla, sino de toda España. Si lo de Torre Pacheco era un ataque físico a las personas por su nacionalidad marroquí u origen magrebí, lo de Jumilla es un paso más, se trata de la persecución de algo tan íntimo y personal, como la fe en Dios”. En este sentido, este analista cree que si no se respeta que las personas “vayan a rezar en paz”, asegura, nos encontramos ante un “Estado fallido”.

Guerra política

Todos los grupos del espectro político se han manifestado acerca de esta cuestión. Mientras que desde Vox, su presidente, Santiago Abascal, celebraba la noticia en sus redes sociales y escribía que vendrán más medidas de esta índole; los representantes de los partidos de izquierda no tardaban en afirmar que tomarán las medidas legales oportunas para que se tumbe esta moción, que consideran claramente “anticonstitucional”. Así lo han expresado desde Podemos, cuyo portavoz en la Región, Ángel Hernández, recordaba que el artículo 14 de la Constitución Española consagra que no se puede discriminar a ningún ciudadano por sexo, raza o religión, además de garantizar la libertad de culto. En la misma línea se expresaba la portavoz del PSOE jumillano, Juana Guardiola. También la ministra de Migraciones, Elma Saiz.

Ante las furibundas críticas de la izquierda, el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de Los Santos, ha manifestado que su formación respeta todas las creencias y niega las acusaciones de racismo. “Es falso que el PP señale a nadie por su credo”, ha apuntado. Por su parte, la alcaldesa de Jumilla ha querido -en balde- zanjar la polémica y ha puntualizado que cualquier instalación municipal está al servicio de cualquier ciudadano que lo solicite, eso sí, ha matizado que la medida en cuestión persigue respetar los usos de estas instalaciones, que son deportivos y, por tanto, como su propio nombre indica, son para llevar a cabo la práctica deportiva. Además, el Consistorio, ante el revuelo ocasionado, ha lanzado un comunicado en el que explica que en el municipio de Jumilla conviven 72 nacionalidades diferentes y “hemos vivido en paz hasta ahora, sin ningún problema de convivencia”, reza la nota.

Una aclaración que se han visto obligados a trasladar desde el Consistorio municipal, debido a las acusaciones de odio y de racismo que han recibido tras darse a conocer esta polémica iniciativa, que vuelve a poner en el foco mediático nacional a la Región de Murcia.