Violencia de género

El juicio contra el joven que mató a su exnovia de 17 años en Totana (Murcia) arranca este jueves

Se solicitan 25 años de prisión tras asesinar con 79 puñaladas y dejarla en un trastero

MURCIA.-Trib.- El juicio contra el joven que mató a su exnovia de 17 años en Totana (Murcia) arranca este jueves
MURCIA.-Trib.- El juicio contra el joven que mató a su exnovia de 17 años en Totana (Murcia) arranca este juevesEuropa Press

El juicio contra el joven acusado de acabar con la vida de su expareja sentimental, de 17 años, en 2022, en Totana (Murcia), tras asestarle 79 puñaladas, arranca este jueves con el proceso de selección del jurado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

La Fiscalía solicita para el procesado, que en el momento de los hechos contaba con 19 años y no tenía antecedentes penales, una pena de 25 años de cárcel por un delito de asesinato consumado perpetrado con alevosía y ensañamiento.

Además, considera que concurren las circunstancias agravantes de comisión del delito por razones de género y circunstancia mixta de parentesco ya que la víctima y el acusado, que se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde su detención horas después del crimen, habían sido pareja.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público demanda al joven el pago de indemnizaciones a los padres y a los dos hermanos de la víctima por un importe superior a los 200.000 euros, según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press.

El documento relata que la víctima y el joven habían sido novios desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2021, si bien la relación no era estable puesto que la rompían y retomaban de manera sistemática debido a la "constante actitud de control sobre ella que mantenía el acusado".

Y es que el varón, además de ser infiel de forma repetida, imponía a la joven "cómo vestirse y con qué amigos podía verse", llegando a "avasallar" a éstos para que intercedieran por él ante ella cuando esta rompía.

Unas semanas antes de su asesinato, la joven comentó al enjuiciado que había conocido a otra persona y que, por tanto, no quería seguir con él, a lo que el varón, "movido por los celos", respondió ideando un plan para "acabar con la vida" de la chica.

El acusado eligió el lugar donde iba a cometer la agresión, un trastero situado en la segunda planta subterránea del edificio donde vivía, y preparó el cuchillo con el que iba a perpetrar la agresión, uno que le había regalado una pareja anterior con forma de pluma estilográfica de12 centímetros de longitud y hoja plateada de 5 centímetros.

El día de los hechos, el enjuiciado, tras haber quedado con la víctima en su domicilio con la excusa de que quería devolverle sus cosas, la convenció para bajar al garaje y entrar en el trastero mientras guardaba en su sudadera el cuchillo.

En realidad, lo que pretendía el acusado "era llevarla a un sitio apartado, pequeño y sin afluencia de personas respecto a las que pudiera solicitar ayuda, asegurándose con ello la imposibilidad de defensa de la víctima", según añade el citado escrito.

Una vez allí, el joven asestó 79 puñaladas en espalda, cuello, brazos, abdomen, glúteos y cara de la víctima, quien, ante el ataque, intentó huir del lugar sin éxito. La joven falleció poco después a causa de un shock hipovolémico.

El Ministerio Público destaca que el acusado mató a su expareja "en atención a su condición de mujer en un acto de dominación tras haber mantenido con anterioridad un comportamiento autoritario sobre ella".

Una vez que el varón llevó a término su plan y "siendo plenamente consciente de sus actos", dejó el cuerpo de la fallecida en el interior del trastero, tapado con unos colchones viejos, se limpió con su camiseta y se cambió las zapatillas manchadas de sangre para ponerse las de la menor.

A continuación, subió a la terraza del edificio con el fin de esconder el arma en una canaleta y regresó a su casa, donde se cambió de ropa y cogió un cuchillo grande de cocina para subir de nuevo a la terraza, donde permaneció durante una hora grabando vídeos en los que le decía a su familia, "de manera tranquila y consciente", lo que había hecho.

En concreto, en esos vídeos el procesado manifestó que había matado a la chica porque "tenía sus razones", intentando así eximirse de su responsabilidad y culpabilizando a la menor de su actuación bajo la apariencia de querer suicidarse.

Finalizados los vídeos, volvió a su casa, donde cenó con su madre y hermanos y después se sentó a ver la televisión.

Uno de los hermanos de la chica se puso en contacto con él para preguntarle si sabía dónde estaba su hermana, a lo que respondió que ella estaba saliendo con otro chico y que parecía que el tiempo que habían estado juntos se le había olvidado con su nueva pareja.

Sobre las 22.13 horas, el padre de la menor llamó al acusado por teléfono preguntando por su hija, y este de nuevo afirmó que no sabía nada. Lo mismo aseguró cuando sobre las 2.00 horas se presentaron en su casa dos agentes de la Guardia Civil después de que los padres de la víctima denunciaran su desaparición.

El acusado, actuando con "plena consciencia", les manifestó que no sabía nada de ella y que, pese a haberse visto esa tarde, habían vuelto a quedar para el jueves siguiente. Los guardias civiles hablaron entonces con una amiga de la chica, que reconoció que esta había quedado esa tarde con el acusado.

Mientras tanto, los agentes recibieron una llamada informando de que la madre del procesado les requería, así que volvieron a la casa del joven, quien, "sin mostrar arrepentimiento, guiado por la voluntad de su madre y con la intención de reducir su responsabilidad sabedor de que la investigación apuntaba hacia él", manifestó que la chica estaba en el trastero.

Según el informe forense, la menor falleció a consecuencia de 79 heridas producidas por arma blanca, de las que 74 se hallaban localizadas en 8 agrupaciones por zona anatómica, situadas en región craneofacial, tórax anterior y posterior, región lumbar y región glútea derecha.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el abogado Raúl Pardo-Geijo en representación de los padres de la víctima, solicita para el procesado, en línea con la Fiscalía, la pena de 25 años de prisión, además de la prohibición de comunicarse o acercarse a los progenitores y hermanos de la víctima a menos de 1.000 metros y el pago de 351.000 euros en indemnizaciones a la familia.