Despolitizar los sindicatos

Los sindicatos cumplían tradicionalmente dos funciones: por un lado, mancomunar las exigencias de un grupo de obreros para así obtener un mayor poder de negociación frente a los empresarios; por otro, ofrecer a los trabajadores determinados servicios de asistencia y ayuda mutua (una especie de centro de solidaridad y auxilio recíproco). Cuando los sindicatos se ajustaban a estos dos cometidos, los trabajadores tendieron a verlos como instrumentos útiles para mejorar su calidad de vida: no es que las centrales sindicales disfrutaran de poderes sobrenaturales para violar las «leyes de la gravedad económica» (por ejemplo, por mucho que protestaran no podían elevar los salarios por encima de lo que los economistas denominamos «productividad marginal» de los trabajadores), pero al menos sí prestaban alguna función reconocible para sus clientes, es decir, sus afiliados. Con el paso del tiempo, sin embargo, esta doble función ha ido diluyéndose como un azucarillo: por un lado, los típicos servicios de solidaridad proletaria han sido absorbidos en su totalidad por el llamado «Estado de Bienestar»; por otro, a día de hoy, la presión negociadora sobre los empresarios suele efectuarse predominantemente a través de la legislación (reformas laborales), de modo que el poder reside más en los partidos políticos que en los sindicatos. De ahí que las propias centrales sindicales hayan ido mutando de agrupaciones obreras a agrupaciones de parapolíticos: los sindicatos sobreviven a día de hoy merced a las subvenciones y a los privilegios regulatorios (en forma de figuras como los «liberados sindicales») que cosechan presionando a la clase política, no sobreviven merced al escasísimo apoyo que les prestan sus exiguos afiliados. O expresado en otras palabras: los actuales clientes de los sindicatos no son sus afiliados, sino la clase política (que es la que parte y reparte subvenciones y privilegios regulatorios). Por ello, el proceso de politización del sindicalismo español ha degenerado inexorablemente: sólo así se explica que, en ocasiones, los sindicatos organicen «huelgas generales» (huelgas cuyo antagonista no es un empresario particular, sino el Gobierno de toda la nación por políticas que presuntamente perjudican a los ciudadanos o a los sindicatos) o que se pronuncien sobre asuntos que quedan completamente al margen de sus competencias y funciones... por ejemplo, participar en la manifestación de este domingo a favor de los líderes independentistas encarcelados. Evidentemente, uno puede posicionarse tanto a favor como en contra de la celebración de un referéndum secesionista en Cataluña, de la declaración unilateral de independencia o de la prisión preventiva de parte de los dirigentes del procés: cada ciudadano tendrá una visión propia (más o menos razonada) sobre cada uno de estos asuntos. Lo que no tiene demasiado sentido es que tome partido en estos asuntos una organización sindical, la cual dice representar los intereses de toda una clase social (los trabajadores) que, precisamente en este tema, mantiene puntos de vista muy heterogéneos. Al dar su apoyo a la manifestación, los sindicatos darán la espalda a una parte de sus afiliados. Cuanto más se politicen y, en consecuencia, más se alejen de su propósito originario, mayor será su decadencia.