Los contribuyentes sí son súbditos

Un grupo de 35 catedráticos de Derecho Tributario acaba de rubricar un durísimo manifiesto –La Declaración de Granada– contra las prácticas que están caracterizando el comportamiento de Hacienda durante estos últimos años: a su entender, la Administración está (mal)tratando a los contribuyentes como si fueran meros súbditos sin ningún tipo de derecho frente al Estado. En particular, los catedráticos denuncian cuatro aspectos especialmente sangrantes en el comportamiento de Hacienda frente a la ciudadanía.

Primero. Los catedráticos critican que se haya generalizado el principio de la presunción de culpabilidad de los contribuyentes. Actualmente, no es Hacienda quien debe esforzarse en demostrar que un ciudadano es culpable de haber incumplido sus obligaciones fiscales, sino que son los propios contribuyentes quienes han de demostrar su inocencia frente a una administración que actúa como juez y parte interesada.

Segundo. El propósito fundamental que guía el comportamiento de la administración tributaria no es la aplicación imparcial de las leyes fiscales, sino maximizar sus ingresos. Tan extraordinario afán recaudatorio del sector público lo está llevando a extralimitarse en el insuficiente respeto de cuestiones tan fundamentales como «los derechos y garantías individuales».

Tercero. Uno de esos derechos y garantías conculcados por la voracidad recaudatoria del Estado es el derecho a la seguridad jurídica, el cual no sólo está siendo atacado a través de normas fiscales que mutan continuamente en función de los heterogéneos intereses de los gobernantes, sino a través de interpretaciones arbitrarias de esas normas por parte de la administración tributaria.

Y cuarto. La quiebra del principio constitucional de igualdad jurídica. A todos los efectos, los contribuyentes no se relacionan en pie de igualdad con la administración tributaria, sino que ésta se ha investido con la autoridad de tratar a éstos últimos como si fueran sus siervos. En sus propias palabras: «La Administración tributaria española no contempla a los contribuyentes como ciudadanos, sino como súbditos». Ciertamente, muchas de las críticas efectuadas por estos 35 catedráticos son valientes, acertadas y oportunas. A raíz de la crisis económica, y de la consecuente merma en los ingresos, la administración tributaria ha aprovechado para expandir sus poderes despóticos sobre la sociedad. Actuaciones que antes de la crisis no habrían sido toleradas por el grueso de la ciudadanía, ahora lo son a cambio de la engañosa promesa de minimizar los recortes del gasto. Sin embargo, existe un punto de ingenuidad en la Declaración de Granada. Evidentemente, los contribuyentes no deberían ser súbditos del poder político, pero lo son. La potestad tributaria consiste precisamente en esto. El Estado, por el mero hecho de ser Estado, se arroga el privilegio de arrebatar unilateralmente parte de las propiedades de cada individuo. Cualquier otra persona que tratara de comportarse como la administración tributaria –sustrayendo el patrimonio de sus vecinos– sería procesada ipso facto por alguno de los diversos delitos contra la propiedad.

La administración tributaria (el Estado) en cambio no. Ella posee el privilegio de ordenarles a los ciudadanos, so amenaza de coacción, que le entreguen sus rentas y sus riquezas en concepto de impuestos. Se trata de una relación absolutamente jerárquica –uno manda, el otro obedece– y, como tal, siempre será una relación soberano-súbdito. La fórmula para minimizar semejante relación de sometimiento y servidumbre pasa, sobre todo, por minimizar el tamaño del Estado y el consiguiente botín tributario de la administración: a la postre, por muchos derechos formales y procesales que queramos otorgarles a los contribuyentes, su posición siempre será, por necesidad, la de súbditos de Hacienda.

Sobregastos en pensiones

El Gobierno ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) revalorizar este año las pensiones un 1,6% en lugar del 0,25% establecido en la reforma de 2013. En principio, la medida parece acarrear un coste presupuestario moderado: unos 1.600 millones en 2018 y unos 3.200 para 2019. Sin embargo, hay que tener presente que estos incrementos se consolidan dentro del sistema y, como resultado, se acumulan año tras año. Así las cosas, un informe de BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad financiera, ha estimado que, partiendo de la esperanza de vida media (10-11 años) de los jubilados que actualmente se van a beneficiar de esta subida, el coste total de la mima ascenderá a 40.000 millones: el equivalente a todo el gasto público anual en educación. Claramente, pues, no estamos ante una medida de escasa relevancia, sobre todo en un contexto tan crítico para la Seguridad Social como es el actual.

Riesgos macroeconómicos

La economía mundial estaba atravesando un momento bastante dulce en los últimos trimestres. Por primera vez desde la crisis económica que se inició en el año 2007, prácticamente todas las grandes zonas productivas del planeta estaban creciendo con fuerza (Estados Unidos, la Unión Europea o los países emergentes). Sin embargo, los primeros nubarrones han comenzado a aparecer en el horizonte. Algunos de ellos son endógenos a la propia dinámica de recuperación: cuanto más se expanda la economía mundial, más tenderán a subir los tipos de interés y más sufrirán aquellas economías que, como las emergentes, dependen en mayor medida de costes de financiación bajos. Otros, en cambio, son exógenos a esta dinámica. Por ejemplo, el acuerdo de gobierno en Italia al que han llegado el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte, que amenaza con deteriorar la salud financiera de la tercera mayor economía de la Eurozona.

Restricciones comerciales

La Conselleria de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana está ultimando un decreto con el que pretende restringir todavía más la libertad de horarios comerciales en la comunidad, introduciendo incluso mayores restricciones a las existentes antes de su liberalización por parte del Ejecutivo del Partido Popular.

El objetivo claro del Consell no es otro que perjudicar directamente a las grandes superficies comerciales para, de rebote, beneficiar al lobby del pequeño comercio, que o bien no quiere abrir cuando los consumidores así lo desean, o bien sólo está dispuesto a hacerlo en caso de que sus competidores más inmediatos –las grandes superficies– se mantengan clausuradas. La normativa del Consell constituye una afrenta directa a la libertad económica de los ciudadanos, hasta tal punto que incluso ha sido criticada recientemente por parte de la Comisión Europea.