¿Por qué no cerrar las televisiones públicas?

El 13 de abril de 1982, las Cortes españolas aprobaron la Ley de supresión del organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado. Mediante esta normativa, se procedía al cierre o a la privatización de todos los periódicos que hasta ese momento habían sido propiedad de la Administración Pública. A modo de listado no exhaustivo: Alerta, Baleares, Córdoba, Diario de Cuenca, Diario Español, El Eco de Canarias, El Correo de Zamora, El Pueblo Gallego, La Gaceta Regional, Hierro, Información, Jaén, La Mañana, La Nueva España, La Voz de España, La Voz del Sur, Levante, Línea, Marca, Mediterráneo, Nueva España, Odiel, Patria, Proa, Suroeste, Sur, Unida y Yugo.

¿Qué sentido tenía mantener periódicos de propiedad estatal en nuestro país? Absolutamente ninguno: la prensa libre consiste en respetar la libertad de fundar y administrar medios de comunicación, no en que los contribuyentes sufraguen los órganos de propaganda oficiales del gobierno de turno. Por eso, en 1982, la UCD promovió la desamortización de la prensa escrita pública –con la oposición parlamentaria del PSOE y del PCE– y por eso, también hoy, habría que promover la desamortización de la prensa audiovisual pública, es decir, de RTVE y del resto de las cadenas públicas autonómicas.

Sin ir más lejos, a lo largo de esta semana hemos asistido a una indecente pelea entre los dos principales partidos de izquierdas para colocar al frente del ente público a un periodista que resulte más afín a sus ideas o intereses. Tras varios años reclamando hipócritamente la despolitización de RTVE, PSOE y Podemos no han tardado ni un mes en querer tomar el control de este fundamental canal de propaganda. Confiar la despolitización de un organismo público a un grupo de políticos fuertemente interesados en preservar su activa politización es como confiarle al zorro la seguridad del gallinero.

A la hora de la verdad, la mejor forma de despolitizar RTVE, y el resto de las televisiones autonómicas, es cerrándolas. Su clausura no sólo nos libraría de una herramienta de manipulación partidista, sino que también arrojaría un significativo ahorro para las arcas públicas, esto es, para el conjunto de los contribuyentes. Y es que, de acuerdo con un estudio elaborado por la propia Forta (la Federación de Organismos de Radio y Televisiones Autonómicos), los medios públicos españoles acarreaban un coste de casi 100 euros anuales por familia. Es decir, alrededor de 2.000 millones de euros por ejercicio.

Para que nos hagamos una idea, 2.000 millones de euros es la suma que, como máximo, pretende recaudar el Gobierno con la tan famosa como terrorífica «tasa Google», esto es, una tasa que penalizará la digitalización de las empresas españolas. ¿Qué sentido tiene sostener una burocracia estatal propagandística a costa de minar la capacidad de nuestra economía para modernizarse, desarrollarse y generar riqueza? Para una persona moderadamente cabal, no tiene ninguno; en cambio, para una oligarquía extractiva que medra a costa de la ciudadanía, lo tiene todo.

En definitiva, el Partido Popular y Ciudadanos deberían recuperar el espíritu de la Unión de Centro Democrático contra la corporación de periódicos estatales y promover la liquidación de RTVE y del resto de las televisiones autonómicas. Es muy probable que ahora, como ya sucediera entonces, tanto el PSOE como Unidos Podemos se opongan a su cierre. Pero tanto ahora como lo fue entonces será necesario valentía para, por un lado, defender al contribuyente y, por otro, lograr una completa separación entre los medios de comunicación y el Estado.

El PSOE afila los cuchillos fiscales

El principal tema de conversación económico desde que Pedro Sánchez ha llegado a la Presidencia del Gobierno han sido las subidas de impuestos. Todavía no ha habido tiempo –por fortuna– a aprobar ninguna, pero desde La Moncloa ya han lanzado muy diversos globos sonda: destope de las cotizaciones sociales, tasa medioambiental sobre el diésel, subida impositiva a las grandes empresas, impuesto sobre la banca o «tasa Google». El propio presidente del Gobierno ha salido a la palestra a reivindicar mayores impuestos para disfrutar «de un Estado de Bienestar de primera». En realidad, las subidas fiscales tienen como propósito apuntalar el único bienestar por el que se preocupan nuestros políticos: no el del ciudadano, no el de los contribuyentes, sino el del Estado, es decir, el de burócratas, clientes y grupos de presión varios.

La inflación todavía no vuelve

El IPC adelantado del mes de junio se ha elevado al 2,3%: un porcentaje lo suficientemente alto como para que los temores sobre la inflación hayan rebrotado entre algunos sectores de la sociedad española. ¿Puede que estemos entrando en una nueva etapa de crecimiento acelerado de los precios? Probablemente no. Pese a que el Banco Central Europeo lleva tres años tratando de lograr que el IPC vuelva a crecer a tasas cercanas al 2%, esta expansión más acelerada de los precios se debe al alza internacional de los precios del petróleo. Si analizamos la evolución de la llamada «inflación subyacente» (aquella que excluye del cómputo a los carburantes), veremos que ésta apenas se ha despegado del 1% desde comienzos de 2016. Por consiguiente, de momento, no estamos ante un retorno estructural de la inflación.

La dispar evolución de la vivienda

De acuerdo con los datos que acaba de publicar Tinsa, el precio de la vivienda en España aumentó un 6,6% durante el segundo trimestre de 2018 con respecto al mismo período del año anterior. La evolución, empero, fue enormemente desigual entre las distintas provincias nacionales: mientras que en Madrid, Navarra o La Rioja el crecimiento fue de entre el 10% y el 15%, en otras como Teruel, Cuenca u Orense se redujo entre un -5% y un -10%. Además, esta dispar evolución no parece ser indicativa de que en unas partes del país se esté generando una burbuja a diferencia de otras: a la postre, mientras que en Madrid, Navarra o La Rioja las familias han de destinar –pese a la subida– entre un 13% y un 16% de sus ingresos para pagar la hipoteca, en Teruel, Cuenca u Orense han de emplear –pese a la bajada– un porcentaje muy similar: entre el 12% y 16%.