Estabilidad institucional

Hace unos años, el escritor Mario Vargas Llosa afirmaba en un artículo que «las instituciones no pueden vivir en un país en que la gente no cree en ellas, y, por el contrario, tienen una desconfianza fundamental y ve en ellas no una garantía de seguridad, de justicia, sino exactamente todo lo contrario». Recientemente he leído su último ensayo «La llamada de la Tribu», donde tras recordar a los autores que más le han influido defiende el pensamiento que reivindica al individuo como ser soberano y responsable, a la libertad como valor supremo, y que defiende la democracia y la separación de poderes como el sistema que mejor concilia los valores contradictorios de la sociedad. No puedo estar más de acuerdo con esta visión, más el ejercicio de la libertad soberana solo puede ser efectivo en una sociedad con instituciones, instituciones fuertes y reconocidas por la propia sociedad.

La institucionalidad se conforma con entes creados por el ser humano que requieren de personas físicas con rostro al frente de las mismas. De forma inevitable la persona determina en muchas ocasiones la imagen de la institución a través de su propio comportamiento, y cuando es positivo subliman la institución, y cuando es negativo las pueden menoscabar. Tenemos que hacer un esfuerzo para intentar distinguir la importancia de la institución por sí misma del concreto ejercicio de quien ostente la función, y cuando se proponga una reforma institucional, su planteamiento no debe obedecer tan solo a los errores de aquellos, sino a un esfuerzo de mejora en su funcionamiento.

Estar permanentemente cuestionado las instituciones produce una gran desconfianza en la sociedad, abre periodos de incertidumbre y se pone en riesgo la democracia y el desarrollo de la libertad del individuo, algo a lo que no podemos renunciar. Decía Moliere que «Los pueblos felices no tienen sociología, tienen costumbres, instituciones y leyes», a lo que añado que la estabilidad institucional es necesaria para el desarrollo de la sociedad en libertad. La defensa del sistema democrático y de sus instituciones es algo que nos compete a todos, pero especialmente a los que ejercen algún tipo de responsabilidad, entre los cuales se encuentra el ejercicio de los poderes del Estado y también el ejercicio de otros poderes como los medios de comunicación o el poder económico.