Uno de los proyectos tributarios estrella del nuevo Ejecutivo socialista es el impuesto a la banca. Sánchez lo defendió con entusiasmo incluso antes de que la moción de censura apareciera siquiera como lejano horizonte. A su vez, se trata de un tributo que es improbable que despierte demasiada animadversión social: a la postre, la imagen de los bancos ha salido –y con razón– harto malparada durante la última crisis financiera, de modo que muchos españoles probablemente respalden la idea de gravar con mayor contundencia a las entidades crediticias.

Sucede que, al margen de las simpatías o antipatía que podamos sentir hacia los bancos y, en especial, hacia el nuevo tributo que plantea Sánchez, lo que no deberíamos obviar en ningún caso es que los bancos a buen seguro reaccionarán ante esta alza impositiva, y tal reacción inevitablemente será en perjuicio de los clientes de estas entidades.

Tomemos el reciente caso del Banco Santander: en la presentación de sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año, su consejero delegado, José Antonio Álvarez, advirtió de que la entidad tomaría las medidas oportunas en caso de que el impuesto salga finalmente aprobado.

¿Qué tipos de medidas? Álvarez no fue muy explícito al respecto pero insinuó la posibilidad de trasladar su sede fiscal desde España a otro país extranjero. A la postre, si todo beneficio no generado en España pero sí repatriado hacia nuestro país se ve forzado a tributar a tipos anormalmente altos, mantener aquí la sede fiscal de cualquier banco se convierte en una fuerte desventaja competitiva. Pero si el Santander –u otros bancos– se marcharan de España, la recaudación del Fisco patrio no aumentaría sino que podría terminar incluso reduciéndose. Queriendo extraer más ingresos, acabaremos con un menor número de ellos.

Ahora bien, no convendría pensar que las reacciones de la banca ante una subida impositiva van a terminar ahí. Lo que pone de manifiesto la evidencia internacional acerca de los impuestos sobre las entidades financieras es que éstos terminan siendo repercutidos entre un 80% y un 100% sobre sus clientes. ¿De qué modo? Existen esencialmente dos vías para hacerlo: la primera –y principal– es reduciendo la concesión de crédito y aumentando los tipos de interés; la segunda es remunerando en menor medida los depósitos (imponiendo mayores comisiones). O dicho de otra forma, quien termina soportando el coste efectivo de esta figura fiscal no es el banco, sino los ciudadanos (y muy en especial aquellas familias y empresas que necesiten financiación para desarrollar sus actividades).

Acaso se piense que esa traslación fiscal de la banca a los ciudadanos no será nada sencilla de efectuar. ¿Cómo va, por ejemplo, el Santander a renunciar a la jugosa porción del mercado crediticio patrio? El problema de esta objeción es que España resulta cada vez un mercado menos relevante para nuestros bancos globales: verbigracia, de los 4.000 millones de euros de beneficios cosechados por el Santander hasta el segundo trimestre de 2018 «sin tener en cuenta las provisiones por el Popular», apenas 800 procedieron de nuestro país. Si hacer negocios en España se va convirtiendo en una actividad cada vez menos atractiva –ya sea por nuevos impuestos o regulaciones–, entonces las empresas –también los bancos– harán menos negocios en España. Cerrar los ojos ante la realidad no hará que ésta sea distinta: sólo aumentará las probabilidades de estrellarnos.

Las claves

El impueso a la banca no generará demasiado rechazo social debido a que la imagen de los bancos ha salido malparada durante la crisis financiera

La respuesta de los bancos perjudicará a sus clientes. El consejero delegado del Santander insinuó la posibilidad de trasladar su sede fiscal