Los lazos de la discordia

Los lazos amarillos y la polémica que les rodea son un ejemplo palpable de la división existente en el seno de la sociedad catalana, su colocación o retirada son fiel reflejo de posturas diferentes ante la situación que se está viviendo en Cataluña. Pero lo que ya roza lo esperpéntico, amén de irregular y muy preocupante, es incluir la retirada de la simbología amarilla dentro de un posible ilícito administrativo previsto en la Ley de Seguridad Ciudadana, art. 37.13, «Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles inmuebles privados en la vía pública». Llama la atención que su colocación no plantee problema alguno para las autoridades responsables, mientras que sí su retirada, y ello bajo el pretexto de que esta retirada puede causar daños en el equipamiento urbano, cuya posibilidad no parece que se haya tenido en cuenta en su colocación. Se dice que esta colocación estaría amparada por el ejercicio de la libertad de expresión, algo más que discutible, pues entonces, a sensu contrario, su retirada también debería estar amparada por igual derecho. Se dice que deslucir es quitar la gracia, atractivo o lustre a algo, y es abundante la jurisprudencia que distingue el deslucimiento con daños y sin daños, concurriendo estos últimos cuando consigan destruir parcial o totalmente, inutilizar con pérdida de su eficacia, productividad o rentabilidad y deteriorar algo. Por ello si estamos ante el pretendido ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tanto lo es poner como quitar, y si se causan daños en el sentido expresado, tanto se pueden causar poniendo como quitando. Pero la cuestión mas grave no radica en este debate que obviamente no resiste un minuto, sino en que la Administración Catalana, especialmente la Policía Autónoma, debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con sumisión plena a las leyes y al derecho, algo previsto de forma específica en el Estatuto de Autonomía, y, no cabe duda que perseguir la retirada de lazos o simbología amarilla por parte de ciudadanos, habiendo consentido previamente su colocación, es una clara desviación de poder, o incluso algo mas rayano en el ámbito penal. La situación social en Cataluña ya es lo suficientemente complicada como para generar todavía más problemas.