Pisar el acelerador ante el abismo

El gasto en pensiones puede crecer por tres vías. La primera, que el número de pensionistas se incremente. La segunda, que los nuevos pensionistas que se den de alta en el sistema cobren una pensión media superior que la de los antiguos pensionistas que causen bajan. La tercera, que se incremente la pensión media de los pensionistas que ya formaban parte del sistema. Desde hace años, tanto gobiernos del PSOE (José Luis Rodríguez Zapatero) como del PP (Mariano Rajoy) intentaron poner freno a la expansión del gasto derivada de estos tres canales. Así, por ejemplo, Zapatero elevó la edad de jubilación a los 67 años para así minorar el número de pensionistas (reforma de 2011); a su vez, modificó la regla de cálculo de la base reguladora de las pensiones con el propósito fundamental de reducir los ingresos que percibirían los nuevos pensionistas (nuevamente, en la reforma de 2011) y, asimismo, Rajoy introdujo en 2013 un factor de equidad intergeneracional para recortar las nuevas pensiones conforme se fuere alargando la esperanza de vida; y, por último, también Rajoy decretó la cuasi congelación de los ingresos del conjunto de pensionistas —apenas revalorizándolos un 0,25% al año— frente a la práctica anterior de indexarlos al IPC. Como decía anteriormente, el objetivo esencial de este paquete de reformas era evitar que el gasto de la Seguridad Social se desmadrara: a la postre, si los desembolsos de cualquier entidad crecen sostenidamente durante un tiempo por encima de los ingresos, ésta terminará quebrando de forma inexorable. En este sentido, los ajustes anteriormente descritos no consiguieron frenar totalmente el crecimiento del gasto, pero sí consiguieron ralentizarlo: mientras que, antes de la crisis económica, el gasto de la Seguridad Social llegó a expandirse a un ritmo interanual del 8%, durante los últimos ejercicios lo hizo en cambio al 3%. Un porcentaje no del todo alarmante, teniendo en cuenta que los ingresos comenzaron a crecer durante esos años a ritmos análogos, cuando no superiores. Por desgracia, el esfuerzo de contención de los últimos tiempos parece haber llegado ya a su fin: hace escasos meses, Mariano Rajoy pactó con el PNV revalorizar todas las pensiones por encima del IPC durante 2018 y 2019; y, ahora, PSOE y Podemos le han dado una vuelta de tuerca a esta medida prometiendo que piensan volver a indexar las pensiones al IPC de manera indefinida. ¿Cuál es el problema derivado de todo ello? Pues, en esencia, que el gasto público en pensiones se está volviendo a disparar: durante el pasado mes de agosto, el desembolso en pensiones contributivas de la Seguridad Social aumentó un 4,86% debido a la entrada en vigor de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (pactados entre el PP y el PNV, y abrazados por Pedro Sánchez tras la moción de censura), donde se contemplaba un incremento del 3% para las pensiones mínimas y del 1,6% para el resto. Merced a ello, el gasto de la Seguridad Social ha alcanzado la cifra récord de 9.218 millones de euros sólo en un mes. Por poner este guarismo en perspectiva: el famoso Fondo de Reserva de las pensiones –aquel que presuntamente iba a garantizar la viabilidad del sistema in saecula saeculorum– llegó a tener en su mejor momento un capital de 66.815 millones de euros: esto es, el equivalente a poco más de siete meses de pensiones contributivas. Otra forma de verlo es que el déficit actual que registra la Seguridad Social roza los 20.000 millones de euros, lo que significa, entre otras cosas, que para cuadrar las cuentas deberíamos eliminar el pago de dos mensualidades (por ejemplo, las dos pagas extraordinarias). En suma, en un momento crítico para la supervivencia financiera de la Seguridad Social como el actual, los Presupuestos Generales del Estado añaden todavía más gasolina al fuego y, lo que es peor, el actual Ejecutivo no muestra el más mínimo interés por enmendar tan grotesco error. Al contrario, su alianza con Podemos lo está empujando a impulsar un progresivo desarme de todas las reformas pensionales previas que habían conseguido poner mínimamente en vereda la expansión del gasto: ya no está sólo en horizonte la indexación al IPC, sino cargarse el factor de equidad intergeneracional y quién sabe si rebajar la edad de jubilación (como reclama persistentemente el partido de Pablo Iglesias). La cuestión que se impone es, evidentemente, una muy elemental: prohombres del Gobierno de España, ¿cómo piensan pagar todo esto?