Arbitrariedades, las justas

Cuando estudiaba derecho natural me preguntaba si podían darse arbitrariedades justas; la arbitrariedad se identifica normalmente como un atentado contra la justicia, pero técnicamente la arbitrariedad consiste en actuar fuera y al margen de la ley, y ello con independencia de que el resultado sea justo o injusto. Legaz Lacambra afirmaba que «arbitrariedad no debe confundirse con injusticia», puesto que pueden darse actos arbitrarios justos o injustos. Según este profesor, los actos arbitrarios justos se dan «cuando la negación del Derecho en un caso dado tiene el sentido de establecer una solución más justa para el mismo». Estas afirmaciones nos podrían llevar a la conclusión de que se puede sostener que, si la legalidad es injusta, actuar al margen de ella puede dar lugar a una arbitrariedad justa, y nada más lejos de la realidad; negar la ley y el derecho es negar la propia Democracia.

La arbitrariedad atenta contra la seguridad jurídica y la certidumbre que deben ser la base de la convivencia en una sociedad democrática, puesto que lo arbitrario depende solamente de la voluntad o el capricho de una persona y no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes. El dicho «no saber a qué atenerse» es lo que más identifica a la arbitrariedad e introduce en la convivencia tal grado de desorientación, incertidumbre e inseguridad que impide toda iniciativa y aborta el emprendimiento de actuaciones futuras, creando un contexto en el que los mendaces y demagogos se imponen. La previsión es garantía de seguridad y la imprevisión acentúa el miedo y la desconfianza. Nuestra Constitución garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderos públicos para evitar desviaciones de poder, y esto es predica de todos los poderes y órganos, incluido el propio poder legislativo, el cual «se revela arbitrario, aunque respetara otros principios del 9.3, cuando engendra desigualdad» (STC 27/1981). También es predicable de los órganos de gobierno de los poderes del Estado, entre los que se encuentra el del poder judicial, que mal se defiende la independencia judicial desde la arbitrariedad. Esto obliga a que sus responsables, especialmente los políticos, no solo sean previsores, sino y, sobre todo, previsibles. La seguridad de un gobierno debe ser una garantía de compromiso y una cláusula de cumplimento. Lo otro es el caos.