La democracia enlazada

La guerra de los símbolos parece haberse instalado en la sociedad catalana y, a pesar de toda la polémica que ha surgido, debemos congratularnos que este enfrentamiento ideológico se libre sólo de este modo. Pero lo más preocupante siguen siendo las declaraciones públicas de responsables políticos, que preconizando la bondad de colocar lazos amarillos al hilo del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, reprueban su retirada, diciendo que no es lo mismo poner que quitar, como no es lo mismo escribir que borrar.

Pero es que la máxima de la que se parte, ejercicio del derecho a la libertad de expresión, admite matices, puesto que no podemos olvidar que el ejercicio de muchos derechos fundamentales está sometido no solo a límites, sino en ocasiones, a simples normas de carácter administrativo que, sin suponer restricciones a los mismos, establecen ciertos requisitos para su ejercicio, especialmente cuando se expresan en las vías o en espacios públicos. Por ejemplo, en Barcelona existe una ordenanza municipal bajo el título tan premonitorio de «Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona», en la que, como no puede ser de otro modo, se prohíben grafitos o pintadas y también la colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier otra forma de publicidad, anuncio o propaganda, salvo que se efectúe en los lugares expresamente habilitados al efecto por la autoridad municipal, estando también prohibido, rasgar, arrancar y tirar al espacio público carteles, anuncios, pancartas y objetos similares, que, obviamente, se refiere a los colocados bajo la habilitación antes advertida. Aunque el lazo en sí mismo no encaja en los términos descritos, lo que sí parece una realidad es que el espacio público no es un espacio libre donde cada uno pueda ejercer el derecho a libertad de expresión haciendo lo que quiera. Imaginemos que surge un movimiento ciudadano en defensa del uso del castellano colocando lazos morados, ¿actuarían con la misma permisividad y respeto las autoridades administrativas locales y autonómicas? Al margen de cuestiones jurídicas, lo que se espera es que toda autoridad actúe en el cumplimento exquisito de la legalidad bajo los criterios de objetividad y neutralidad y que con su actitud responsable contribuya a disminuir el enfrentamiento en los espacios públicos.