Todos los impuestos del presidente

Por mucho que el ex presidente Zapatero acuñara aquella consigna de que «bajar impuestos es de izquierdas», lo cierto es que la izquierda, en tanto aspira a instituir un Estado elefantiásico a costa de la sociedad civil, exhibe un irrefrenable impulso natural a subir los impuestos. El propio Zapatero, tras una primera legislatura en la que el burbujismo recaudatorio le otorgó un enorme margen para moderar algunas figuras tributarias –como el IRPF o el Impuesto sobre el Patrimonio–, lo demostró en su segunda legislatura con sus subidas del IVA y del IRPF, así como con el restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio. Y ahora el propio Pedro Sánchez vuelve a ponerlo tristemente de manifiesto.

No en vano, si de algo se ha hablado durante sus primeros meses al frente del Gobierno (dejando de lado el espinoso asunto de la tesis doctoral) ha sido de las muy diversas subidas impositivas. Éstas incluso han llegado a opacar las promesas de incremento del gasto, esto es, teóricamente aquello que a todo político le gustaría ofrecer a la sociedad para amarrar el voto. En cierto modo, es como si los socialistas pensaran que la sociedad española carga con una factura tributaria todavía impagada que ellos, desde el Ejecutivo, han de cobrarse ahora. Algo verdaderamente asombroso, habida cuenta de que el propio Montoro ya se había encargado previamente de fustigar sin ninguna misericordia a los ciudadanos con múltiples incrementos fiscales (después de que además, como ya hemos indicado, Zapatero aplicara los suyos propios).

Así las cosas, y tras la llegada de Sánchez al poder, no hay tipología fiscal que no haya propuesto elevarse. En la categoría de impuestos sobre la renta, que recaen sobre los trabajadores, ya ha manifestado su voluntad de incrementar el IRPF para las personas físicas que ingresan más de 150.000 euros y de reformar el régimen de cotizaciones sociales de los autónomos para obligar a pagar más a la mitad de este colectivo. En cuanto a la fiscalidad que pesa sobre la renta de las personas jurídicas, también ha prometido aumentar la tributación de las grandes empresas, establecer un impuesto extraordinario sobre la banca y otro sobre las grandes tecnológicas; en el cajón de los impuestos sobre el ahorro, el doctor Sánchez también ha prometido suprimir los beneficios fiscales a los planes de pensiones, incrementar la tributación sobre los dividendos, agravar el régimen fiscal de las socimis y eliminar las sicav. En materia de impuestos sobre la propiedad, ha propuesto establecer un tipo mínimo en el Impuesto sobre el Patrimonio o sobre el de Sucesiones, así como incrementar el IBI sobre los pisos vacíos; y, finalmente, en lo relativo a impuestos sobre el consumo, ha defendido un incremento de los gravámenes que pesan sobre el diésel.

En otras palabras, el PSOE, tutelado por la extrema izquierda de Podemos, está promoviendo un fuerte incremento tributario en prácticamente todos los frentes existentes; un fuerte incremento tributario que afectará, además, a casi todos los colectivos sociales: trabajadores por cuenta ajena, autónomos, ahorradores, empresas, accionistas, herederos, propietarios de inmuebles e incluso consumidores. Todo ello con el mero propósito de financiar un incremento del gasto público que, justamente por esto, ni siquiera contribuirá a reducir nuestro déficit presupuestario (al contrario, está previsto que no cumplamos con los objetivos de déficit de 2018). Por consiguiente: menos incentivos a trabajar, menos incentivos a ahorrar, menos incentivos a emprender y menos incentivos a invertir –menos incentivos, en última instancia, a generar riqueza para el conjunto de la sociedad– a cambio de sufragar una expansión innecesaria y meramente electoralista del tamaño del sector público.

Es verdad que, en paralelo a todas esas invectivas tributarias, el Gobierno de Sánchez también ha prometido rebajar algún impuesto en aislado: por ejemplo, suspender temporalmente el impuesto extraordinario a la electricidad o rebajar el IVA a los productos de primera necesidad. Sin embargo, notemos que o bien nos encontramos ante medidas transitorias (como la suspensión del impuesto sobre la factura eléctrica) o bien ante medidas enormemente indefinidas y vagas (¿qué supuestos productos de primera necesidad van a ver su IVA reducido?).

Es decir, se trata de medidas fiscales no sólo cuantitativamente diminutas frente al fortísimo sablazo que suponen las restantes subidas propuestas, sino también de argucias cualitativamente propagandísticas para tratar de ocultar (o compensar mediáticamente) el coste electoral que esas subidas podrían llegar a acarrearle.

En definitiva, el Ejecutivo socialista ha emprendido una carrera descontrolada hacia la confiscación fiscal del grueso de la población española. Más Estado y menos sociedad. No queda otra, pues, que plantarle cara: desde los medios de comunicación, desde las asociaciones civiles o incluso desde los partidos políticos de la oposición.

Frente a un modelo estatal extractivo, reivindiquemos un modelo social inclusivo: menos tributos, menos gasto público y menos trabas regulatorias.