Limitar la libertad de expresión

A raíz de ciertas informaciones que se están produciendo en referencia a personas que ocupan altas responsabilidades políticas, se ha planteado desde ámbitos políticos la necesidad de limitar la libertad de expresión. Se alerta sobre la proliferación de noticias falsas, de bulos y malas prácticas, a la vez que se advierte de una ausencia de deontología periodística y, por si fuera poco, se dice con cierta exageración que se pone en peligro la Democracia y el modelo educativo. No cabe duda de lo interesante de esta reflexión, si bien, para que se produzca en un ambiente adecuado, habría que desconectarla de esta actualidad. Se debe diferenciar lo que es una noticia falsa o bulo de lo que son noticias verdaderas obtenidas de una forma ilegal o deontológicamente reprobable.

Un bulo es un intento de hacer creer a un grupo de personas que algo falso es real, en inglés «horas», término que se popularizó para referirse a engaños masivos por medios electrónicos, especialmente Internet; al lado de estas noticias falsas o fake news, aparecen otras que obedecen a hechos ciertos, pero que han sido obtenidas, por ejemplo, mediante grabaciones de conversaciones privadas o accediendo a informaciones procedentes de sumarios judiciales sometidos al secreto de actuaciones, en cuyo caso, no está en cuestión el contenido de la información, sino la forma de obtención. No debe confundirse lo primero y lo segundo, puesto que tienen tratamientos diferentes y, en cualquier caso, el debate debe encontrar su justificación en una necesidad social y no en urgencias políticas, puesto que esto por sí mismo abocaría su tratamiento al fracaso, amén del oportunismo que estaría reflejando. Hace tiempo que algunos venimos abogando por esta reflexión, mas siempre que alguien lo ha puesto sobre la mesa se ha criticado incluso la mera propuesta por entender que supondría una inaceptable limitación del derecho a la libertad de expresión, especialmente a la libertad de prensa. Hace tiempo se propuso, como en otros países, prohibir las informaciones sobre investigaciones judiciales en curso con el fin de proteger la presunción de inocencia, la intimidad y la confidencialidad de las actuaciones. Recordemos que en Alemania o Austria se sanciona a los medios que incumplen esta obligación, siendo rechazada tal propuesta. La necesidad del debate es evidente, pero nunca guiada por el oportunismo político.