La cuestión en Cataluña

Si alguien ha poseído una incuestionable sagacidad para percibir los grandes acontecimientos políticos y culturales de su tiempo antes que la sociedad, y por supuesto, los políticos de su época, fue Ortega; amen de su conceptualización de la rebelión de las masas y del deterioro de las democracias, advirtió de los peligros de los movimientos independentistas son Cataluña y País Vasco, adelantando que sería uno de los problemas más graves a los que tendría que enfrentarse España; le prestó especial estudio a la denominada cuestión catalana, y al margen de su solución de conllevanza, cualquiera de sus textos al respecto, serían hoy ensayos de rabiosa actualidad. Según Ortega, la desarticulación de España como nación radica en la crisis histórica de su proyecto de vida en común, «era la propia España el problema primero de cualquier política». Según él, la acción directa de determinados grupos sociales, los pronunciamientos, los regionalismos y los separatismos, son reflejo de un «proceso de desintegración que avanza en riguroso orden dice el filósofo, desde la periferia al centro, de forma que el desprendimiento de las últimas posesiones ultramarinas parece ser la señal para el comienzo de una dispersión interpeninsular».

En mi opinión, el problema se resume en esa falta de proyecto de vida en común. La cuestión catalana es la que nos tiene hoy en vilo, y a pesar de la división de las sociedad catalana, creada en parte de forma artificial, su solución, pasa por la recreación de este proyecto de vida en común; este proyecto debe darse en primer lugar en el resto de España, puesto que los nacionalismos se nutren principalmente de una España dividida, de tal modo que aquella mitad de catalanes que siguen apostando abiertamente por la unidad española, que no son los únicos en Cataluña, se vean representados, y sobre todo amparados, en este proyecto en común, y así hacerse fuertes frente a los que intentan romper la pacífica convivencia. Para ello, es necesario que los representantes políticos se centren en las respuestas políticas, y no interfieran en los procesos judiciales, los cuales enjuician de forma ineludible hechos constituidos de delito que por su naturaleza son imborrables y no soslayables. Los tribunales no pueden resolver la cuestión política, y esta, no pueden interferir en las resoluciones de los tribunales.