Rebeldía constitucional

El Parlamento catalán ha aprobado este jueves una resolución que rechaza y condena «el posicionamiento del rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán», ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017. Se ha producido una adecuada respuesta por parte del presidente del Gobierno: «Es inadmisible la resolución votada esta tarde en el Parlamento de Cataluña que pretende rechazar y condenar al jefe del Estado». Advierte que adoptará «las medidas legales a su alcance en defensa de la legalidad, la Constitución y las instituciones del Estado». Cuando mediante un acto parlamentario de esta naturaleza se reprueba y condena al Jefe del Estado, no estamos ante un ataque personal, ni tan siquiera institucional, es un ataque a todo lo que representa la Corona. «El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia». Me atrevería a decir algo más, nuestro Rey, como lo fue su padre, es digno representante de la sociedad española, encarnando sus valores y sus democráticas convicciones. Nuestra primera autoridad no hizo más que constatar una realidad en el discurso pronunciado hace poco más de un año: «Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática...Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía». Y la vez proponer una respuesta: «Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía». Palabras cargadas de una profunda preocupación por lo que estaba aconteciendo en Cataluña, palabras que recogían un preocupado sentir de la inmensa mayoría de la ciudadanía española. Querer hacer responsable a nuestro Rey de lo que sucedió el 1 de octubre, amén de un lamentable error, constituye un empecinamiento en mantenerse en una posición de rebeldía constitucional que justifica plenamente las palabras del presidente del Gobierno, así como los necesarios y consecuentes actos. Actuar en defensa de nuestro Rey y de nuestro ordenamiento constitucional es una obligación.