¿Acuerdo sobre Gibraltar?

Decía John Steward en su obra «Gibraltar, piedra clave»: «Los gibraltareños, individualmente, son tan buenos como mis propios parientes; pero en su entidad corporativa son difíciles de amar e imposibles de defender». En efecto, la situación de los gibraltareños resulta indefendible tanto antes como ahora. Por ejemplo, podemos afirmar que Gibraltar constituye el único lugar de la Unión Europea no plenamente democrático, porque ni sus normas fundamentales ni su status jurídico lo son, ya que pervive una anacrónica y antijurídica situación colonial incompatible con los principios democráticos.

Lo que denominan «Constitución de Gibraltar» es una mera artificialidad, como tantas otras del Peñón, un ridículo eufemismo, porque esa «Constitución» –en realidad se denomina Orden Constitucional o «Gibraltar Constitution Order»– es lo que en Derecho Constitucional se llama una «Carta Otorgada», en este caso, por el Reino Unido, que es quien manda, ordena y dispone del destino de los gibraltareños.

Tanto es así que, según el Tratado de Utrecht, el Reino Unido, en uso de sus facultades, puede dar, vender o enajenar la colonia a un tercero, aunque con el derecho preferente de España. Es cierto que Gibraltar disfruta de una cierta autonomía, pero limitada y circunscrita exclusivamente a asuntos domésticos, encontrándose estrechamente vigilada y tutelada por el verdadero amo, el Reino Unido, a través de la figura del Gobernador de Gibraltar, un general o almirante nombrado por el Gobierno Británico. El hecho de que el Gobernador sea siempre un militar deja bien claro que lo verdaderamente importante de Gibraltar para los británicos es su base naval, y que su interés por los gibraltareños es meramente circunstancial.

Los llanitos únicamente constituyen el escudo humano, la excusa del Reino Unido para mantenerse ilegítimamente en la Roca. La fantasmagórica figura del Ministro Principal –otra artificialidad más– ejerce sus funciones en nombre del Gobierno de su Majestad, y no deja de ser un simple alcalde mejorado de una población de 30.000 habitantes. La prueba inequívoca de que el único y verdadero Poder en Gibraltar lo encarna el Gobierno Británico a través de su Gobernador es que éste puede ejercer lo que se denomina «reserva de poderes» arrogándose para sí toda la «autoritas».

El déficit democrático de Gibraltar proviene de que la población gibraltareña solo elige a sus representantes locales, pero no tiene derecho a voto en las elecciones al parlamento de Westminster, de manera que la auténtica autoridad en Gibraltar, la británica, es completamente ajena a la voluntad de los gibraltareños, lo que es incompatible con los estándares democráticos. Así pues, la situación de Gibraltar continúa siendo colonial y contraria a la Carta de las Naciones Unidas, aunque haya sido maquillada por esa falsa «Constitución» y ese doméstico y limitado gobierno local. Picardo no deja de ser un simple representante de los colonizados, subordinado al poder colonial de la metrópoli británica.

El Brexit ha sido una oportunidad única para darle un vuelco a la situación, pero desgraciadamente los últimos gobiernos españoles nunca se han tomado en serio la recuperación de Gibraltar. Todos ellos, en mayor o menor medida, han dejado a un lado la soberanía del Peñón limitándose a acordar, con desigual éxito, asuntos domésticos menores escudándose en la población del Campo de Gibraltar, concretamente, en los trabajadores españoles de la colonia. Ni una ni otra son razones de peso que justifiquen el abandono de la recuperación de Gibraltar. España con su potencial económico no precisa de la economía de Gibraltar para el desarrollo de su Campo, y los ocho mil trabajadores perciben de Gibraltar poco más de 102 millones de libras, una auténtica ridiculez para el presupuesto nacional o incluso para el andaluz. La verdadera causa del mantenimiento del status quo actual podría encontrarse en la economía sumergida y delictiva que sobrevuela por la Bahía de Algeciras y el Campo de Gibraltar, donde la colonia se constituye en su epicentro. Según el Acuerdo de la Unión Europea y el Reino Unido, con el beneplácito español, los británicos se obligan a que Gibraltar cumpla con las normas sobre transparencia fiscal y la lucha contra el fraude en tabaco, alcohol y gasolina.

Sin embargo, un reciente estudio publicado en un periódico provincial denunciaba que el Gobierno de Gibraltar se financiaba en un 26% del contrabando de tabaco con España. Según ese estudio, Gibraltar, con apenas 30.000 habitantes, importó el año pasado 72 millones de cajetillas de tabaco, por las que su Gobierno obtuvo 180 millones de euros en impuestos. O lo que es lo mismo, el 26% del presupuesto anual que ascendió a 690,8 millones de euros. Con esos ingresos, Gibraltar tuvo suficiente dinero para sufragar su sanidad en un año (168 millones de euros) o las pensiones, educación y su administración (166 millones de euros), según las propias cuentas del Peñón.

No se entiende bien que Gibraltar, que no ha combatido la lucha contra el fraude en tabaco, alcohol y gasolina, perteneciendo a la Unión Europea, y que además, se ha financiado con ese fraude, vaya a hacerlo una vez abandonada esta, cuando no le sea de aplicación la normativa comunitaria. Ya ha pasado anteriormente, y los acuerdos de Lisboa, Bruselas y Córdoba lo demuestran, en que España cede ante promesas británicas que posteriormente se incumplen impunemente. ¿Será esta la penúltima vez?