Opinión
Patria en común
El artículo 2 de nuestra Constitución conforma junto con el primero los dos pilares sobre los que se asienta toda la Carta Magna, siendo ambos los preceptos en los que se resumen los rasgos más sobresalientes del régimen democrático instaurado en 1978. Estamos ante el irreductible e insoslayable núcleo de todo el ordenamiento jurídico. La esencia de uno de estos pilares se encuentra en la formación de la unidad de la nación española y en la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, indisoluble unidad y autonomía como binomio definidor de toda la arquitectura institucional de España. Pero el debate sigue abierto, y no solo como consecuencia de la crisis catalana. Existen fuerzas políticas que sin defender la independencia de Cataluña exigen que sea considerada una nación sin especificar en qué sentido. Ahora bien, la inmensa mayoría del pueblo español se mueve por una vía con dos raíles que son la «indisoluble unidad» y la «patria común e indivisible de todos los españoles». Incidimos en un debate conceptual donde aparecen por un lado la patria, por otro lado, la nación, y por otro el término creado en 1978, nacionalidad para intentar diferenciar unos pueblos entre nacionalidades y regiones, moviéndose siempre todos estos últimos en el principio de autonomía dentro de la unidad de España.
El termino nacionalidades ya se enfrentó en un principio a una gran disputa por su carácter ambiguo y confuso, surgiendo en aquel tiempo la discusión entre si España era una nación o un Estado formado por naciones, llamando la atención la enmienda presentada por la Minoría Catalana: «La Constitución se fundamenta en la unidad de España, la solidaridad entre sus pueblos y el derecho a la autonomía de las nacionalidades que la integran». Cuarenta años después seguimos atados a aquella discusión, si bien, lo que se debe recordar es que todos, incluidos el grupo vasco y minoría catalana, al margen de los conceptos, asumían la existencia de un todo unificador, un Estado compuesto, en el que sus partes se unían a través del principio de la autonomía política y del ejercicio de la solidaridad. Este fue el consenso y este debe seguir siendo, sin que las actuales urgencias políticas de los que más de acuerdo estuvieron con el texto constitucional deban ser tenidas en cuenta.
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