España une

Ayer se celebró una multitudinaria manifestación en Madrid bajo el lema «Por una España Unida, elecciones ya». Respecto a esto último, al tratarse de una opción política no puedo opinar, pero en lo que se refiere a lo primero «Por una España Unida», sí. No estamos ante una mera pretensión, se trata del mantenimiento del estatus constitucional que obedeció a un reconocimiento de lo que es, ha sido y será España como realidad nacional integradora de lo que la Constitución denomina en su preámbulo «pueblos de España... con sus culturas, tradiciones lenguas e instituciones».

Defender la unidad de España es defender la Constitución y la ley, nuestro marco de convivencia que garantiza a todos sin excepción el ejercicio de sus derechos y libertades, incluidos los de aquellos que no creen en la unidad de España; mas el respeto solo se gana de una forma, cumpliendo la ley, incluso en el ejercicio de reivindicaciones tales como pedir la independencia de una parte de España. Es difícilmente entendible guardar equidistancia entre los que afirman el estatus constitucional y legal y los que lo tratan de superar; diálogo sin lugar a duda, pero siempre dentro de la legalidad y mediante los procedimientos fijados.

El art. 2 CE se refiere a la unidad de la Nación española, para calificarla de «indisoluble», «indivisible» y de «patria común» y el Tribunal Constitucional ha sancionado que la soberanía de la nación residenciada en el pueblo español conlleva necesariamente su unidad, unidad del pueblo soberano fundamento de la Constitución en la que la nación se constituye como Estado social y democrático de Derecho, único y común para todos y en todo el territorio, sin perjuicio de su articulación compuesta o compleja, ya que el art. 2 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Este es el marco legal que los responsables políticos juran o prometen defender; cualquier diálogo político que pretenda superar este marco debe partir de que defender la unidad de España es una obligación legal, y otorga plena legitimidad para mostrar orgullo por su existencia; el diálogo debe desarrollarse a través del principio democrático dentro del principio de legalidad, y esto no es retórica, es la fuerza de la ley, porque la ley tiene fuerza.