Opinión

El contrato social

Tras la celebración de las elecciones generales, y a la espera de la formación de Gobierno, lo que más va a caracterizar el futuro Congreso es la existencia de varios grupos parlamentarios con un nutrido número de diputados, en el que el mayoritario cuenta con tan solo 123 diputados. El resultado electoral pone de manifiesto la crisis del bipartidismo, donde el grupo mayoritario y el principal grupo de la oposición suman 189 escaños, muy alejado del número de diputados que deben sumar tres quintos, ratio exigida para algunas decisiones parlamentarias de cierta trascendencia.

Esta situación propicia la necesidad de forjar amplios acuerdos parlamentarios en importantes materias, lo cual nos aproxima a un escenario en el que los pactos de estado serán decisivos. Alcanzar acuerdos mayoritarios superando esta fragmentación del Congreso de los Diputados se antoja tan difícil como necesario. No se trata de renunciar ni a la agenda ideológica propia, ni a la legítima opción partidista, sino en colocar la agenda ciudadana en primer lugar, la agenda ciudadana de la gran mayoría. Si las reales necesidades de la mayoría de los ciudadanos fuera lo que marcara el espíritu de pacto, este se alcanzaría sin duda alguna, mas ello requiere de un gran ejercicio de responsabilidad y renuncia por parte de todos. España es una democracia consolidada con unas reglas del juego muy definidas, y lo que no parece recomendable es demonizar las propias reglas del juego democrático, al margen de su mejora. La Democracia española no es algo que deba estarse cuestionando en su esencia cada vez que se conforme un parlamento, hay principios, valores y reglas que trascienden a las concretas mayorías parlamentarias.

España no es un país en permanente reforma, sino en constante evolución. Las democracias se asientan en el principio del contrato social, que iniciado por Hobbes y conceptualizado por Rousseau, con ciertas evoluciones como el neocontractualismo de Rawls, sigue determinando la idea de que todos los miembros de un grupo están de acuerdo, por voluntad propia, con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. El pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social, y este en su esencia debe permanecer.