«Checks and balance»

La expresión checks and balance que se puede traducir como controles y contrapesos es muy conocida en el mundo económico, pero es menos conocida en su versión original que debería ser traducida como controles y equilibrios, versión que nos conduce a su más genuino significado, que junto con la separación de poderes es considerado como uno de los elementos esenciales del Estado de derecho moderno, presupuesto sin el cual no podemos siquiera considerar la existencia de una Constitución; en definitiva supone la expresión del control y contrapesos que deben existir entre los diferentes poderes del estado democrático y de derecho. Ahora bien, este elemento no solo debe ser considerado como un mero instrumento de control y equilibrio, sino que debe tener un fin. Las cadenas autoimpuestas al Estado no solo deben salvarlo de la tiranía, sino que deben existir para canalizar la fuerza de dicha institución hacia el logro de los derechos de los ciudadanos, pues del buen funcionamiento del Estado social de derecho se deriva la trascendencia de la separación de poderes y del checks and balances. El poder se ejerce inspirado por el interés público, y sobre todo como garantía de los derechos individuales. El respeto que se deben los poderes públicos entre sí, además de estar formalizado, debe estar inspirado en esta idea, y ello, es lo que garantiza que el poder legislativo solo puede ordenar al judicial a través de la ley y nada más, y el poder judicial debe aplicar la ley que le es dada y nada más. Que alguien exprese un deseo de que una decisión judicial tenga un determinado contenido, no es más que eso, un mero deseo; si esta persona ocupa un cargo institucional de máximo relieve quizá no sea oportuno ni prudente su expresión pública, pero en el fondo es un deseo, que, al margen de la falta de prudencia, en modo alguno va a tener trascendencia alguna en el Poder Judicial, porque en nuestro país la independencia del Poder Judicial es máxima. Como decía Tocqueville, «la fuerza de los tribunales ha sido, la más grande garantía que se puede ofrecer a la independencia individual (...) los derechos y los intereses particulares estarían siempre en peligro si el poder judicial no creciese y se extendiese a medida que las condiciones se igualan».