Esquilmando a los madrileños

El principal anuncio que realizó la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su discurso de investidura de esta semana fue el de que aprobará la principal rebaja fiscal de la historia de la región. Por meritorio que pueda ser el anuncio (un recorte del 0,5% en todos los tramos autonómicos del IRPF), lo cierto es que se queda muy corto de la potencial rebaja tributaria que, sin grandes dificultades, podría aprobar el Ejecutivo regional en caso de que el modelo de financiación autonómico fuera radicalmente distinto al actual. No en vano, de acuerdo con las Cuentas Públicas Territorializadas que elabora el propio Ministerio de Hacienda, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid transfieren cada año la friolera de 19.200 millones de euros al resto de autonomías. Esto es, una media de 2.500 euros por ciudadano o unos 6.000 euros por trabajador.

Nótese que estamos hablando de una recaudación que se extrae de la economía madrileña (de los sueldos de sus trabajadores, del consumo de sus familias, de los beneficios de sus empresas, etc.) pero que no permanece dentro de la Comunidad de Madrid (ni a través del gasto directo por parte del Gobierno central ni engrosando el presupuesto del Ejecutivo regional). Por consiguiente, se trata de una suma de dinero que podría dejar de recaudarse en Madrid sin merma alguna en el gasto público por habitante que hoy reciben los madrileños. A todos los efectos, sería equivalente no a rebajar medio punto de la tarifa autonómica del IRPF, sino a suprimir la totalidad de la tarifa estatal y autonómica del IRPF dentro de la Comunidad de Madrid.

Tales cifras, por cierto, no se hallan sesgadas por una errónea imputación a Madrid ni de la recaudación por IVA ni de la recaudación por Sociedades. En ambos casos, la imputación es igual o inferior al 20% de la recaudación total, en coherencia con el peso de Madrid dentro del PIB español. Simplemente, se trata de que Madrid es la región que más riqueza genera de toda España y, por tanto, es donde más voluminosa es la recaudación que ulteriormente se redistribuye al resto de comunidades autónomas.

Y es aquí donde justamente reside el problema: el resto de administraciones autonómicas se han acostumbrado a financiarse a costa de la Comunidad de Madrid (y también de Cataluña o Baleares) y, lejos de aspirar a reducir semejante dependencia, buscan perpetuarla. No en vano, después de que Díaz Ayuso anunciara sus planes de rebaja del IRPF (muy modestos en relación con los que podrían desplegarse si Madrid no tuviera que cargar con parte del presupuesto del resto de autonomías), los barones socialistas han salido en tromba a criticar a Madrid por ejercer una competencia desleal contra sus autonomías. Incluso han llegado al extremo de acusar de «insolidarios» a los madrileños y de reclamar la intervención del Gobierno central para impedir la competencia tributaria.

Dejando de lado que, curiosamente, los mayores defensores de la autonomía son los primeros en renunciar a la autonomía de las regiones cuando ésta se ejerce para reducir impuestos, lo que resulta del todo inaceptable es que los barones socialistas, principales beneficiarios de la extracción de rentas a los madrileños, se opongan a una timidísima rebaja impositiva que ni siquiera afectará a los recursos a disposición de sus autonomías. No sólo hemos de pagar IRPF para nutrir sus arcas, sino que ni siquiera nos autorizan a rebajarlo modestamente. Al final, pues, todo el modelo de financiación autonómica se ha convertido en un mero mecanismo parasitario de los contribuyentes de unas autonomías sobre los contribuyentes de otras.

Inversión de la curva de rendimientos

Esta semana, la curva de rendimientos (es decir, la relación entre los tipos de interés de la deuda pública y su plazo de vencimiento) se ha invertido en EE UU: en otras palabras, los tipos de interés a corto plazo se han ubicado por encima de los tipos de interés a largo plazo. Semejante fenómeno suele asociarse con la inminencia de una recesión, debido a que implícitamente pone de manifiesto que los resultados empresariales están siendo peores de lo esperado y, en consecuencia, que las compañías han de refinanciar su deuda en el corto plazo para subsistir (de ahí que los tipos a corto se disparen por encima de los tipos a largo). La reacción de los mercados financieros no se hizo esperar (hundimiento de la bolsa el pasado miércoles), si bien –recordémoslo– la causa última de los malos resultados empresariales y de la inversión de la curva sería fácil de solventar: poner fin a la guerra comercial entre EE UU y China.

Estímulos fiscales en Alemania

La cuasi recesión de Alemania parece que va a impulsar a su Gobierno a emprender un plan de estímulos para relanzar el crecimiento. Merced a tales rumores, las bolsas experimentaron una notable remontada el viernes tras la sangría que sufrieron el miércoles. Veremos si finalmente se confirman las filtraciones (hace un par de semanas ya aparecieron otras en esa misma dirección y fueron desmentidas por el Ejecutivo alemán). En todo caso, no deberíamos caer en el error de pensar que la holgura fiscal que posee Alemania es la misma que la que posee el Estado español y que, por tanto, nuestro Gobierno debe o puede ejecutar planes similares. Alemania cuenta con superávit presupuestario y una deuda pública inferior al 60% del PIB. Si lo hacen ahora, es porque durante años han sido lo suficientemente austeros como para permitírselo. Nosotros no.

Populismo argentino

La contundente derrota de Mauricio Macri en las primarias argentinas y el previsible regreso del peronismo a la Casa Rosada han encendido todas las alarmas en los mercados (la bolsa argentina ha perdido la mitad de su valor, el riesgo país se ha disparado hasta una probabilidad de quiebra del 75% y el peso se ha hundido al menor valor de su historia). A la desesperada, Macri ha comenzado a ofrecer todo tipo de rebajas fiscales y transferencias estatales a sus potenciales votantes para tratar de conquistar in extremis su apoyo en las presidenciales de octubre. La maniobra, empero, sólo pone de manifiesto que el populismo (más extremo o más moderado pero populismo en todo caso) no ha dejado de gobernar el país durante los últimos años. Y así, sin un mínimo rigor institucional, es imposible que una economía levante cabeza.