No reformen el Pacto de Estabilidad

La nueva Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, fue un compromiso entre democristianos, socialistas y los (mal llamados) liberales. Es decir, una Comisión aún más escorada a la izquierda de lo que lo habían estado sus antecesoras. Y, como resultado, las políticas que está empezando a impulsar también se hallan mucho más escoradas a la izquierda de lo que deberían. Así, la última ocurrencia de este órgano eurocrático ha sido proponer la relajación del llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento: las normas comunes de gobernanta fiscal de la Eurozona.

Como es sabido, 19 economías de la Unión Europea comparten moneda (el euro), la cual es emitida monopolísticamente por una tercera institución (el Banco Central Europeo). En teoría, el BCE debería ser independiente de los gobiernos nacionales a la hora de diseñar su política monetaria. En la práctica, sin embargo, la situación fiscal de las distintas economías influye decisivamente en sus actuaciones. Recordemos, sin ir demasiado lejos, cómo en 2012 Mario Draghi se vio forzado a prometer ante los mercados una política monetaria expansiva con la finalidad de rescatar de la quiebra a España e Italia (cuyos títulos de deuda pública estaban cotizando a unos tipos de interés altísimos). Si ambos países hubiesen mantenido previamente una política fiscal más diligente, el BCE habría contado con manos plenamente libres para desarrollar aquella política monetaria que considerara óptima (y no aquella que necesitaban los manirrotos gobiernos español e italiano).

De ahí que sea necesario algún tipo de coordinación fiscal entre los distintos países miembros de la Eurozona. Esto es, resulta necesario evitar que uno de ellos se sobreendeude ante la expectativa de que los demás terminarán rescatándolo por la puerta de atrás. Esa coordinación fiscal viene materializada en el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, donde se establece que los Estados miembros no han de sobrepasar anualmente un déficit estructural del 3% del PIB y mantener una deuda pública por debajo del 60% del PIB. De ese modo, y siempre que tal acuerdo se cumpla, la Eurozona se asegura que no habrá ningún Estado insolvente que comprometa la estabilidad del resto y la independencia de su banco central.

Pues bien, y según le ha sido filtrado al «Financial Times», la nueva Comisión Europea se ha propuesto relajar estas limitaciones para facilitar que los gobiernos miembros puedan aplicar mayores dosis de estímulo fiscal en el contexto de desaceleración actual. Se trata de un doble error: no sólo porque el estancamiento presente ha de ser contrarrestado con políticas de oferta (reformas estructurales) y no de demanda, sino porque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debería ser endurecido, no relajado.

Si algún grave defecto ha exhibido éste en sus dos décadas de existencia ha sido que los países miembros lo han respetado demasiado poco. Relajarlo todavía más supondrá mayor laxitud fiscal y, por tanto, generará mayores tensiones entre los países miembros. A muy largo plazo, un mayor endeudamiento público terminará poniendo en riesgo la existencia misma del euro.