Un nuevo año judicial

El año judicial es el período ordinario de actuación de los tribunales de Justicia, que comienza el 1 de septiembre y concluye el 31 de julio del siguiente año natural. Esta opción de acomodarse al calendario académico en lugar de al calendario natural es una solución puramente convencional, que no contribuye por sí sola a un mejor desarrollo y organización del trabajo de los órganos jurisdiccionales, pero permite a los profesionales de la justicia, especialmente abogados y procuradores, acomodar su descanso anual de agosto a un mes de baja actividad judicial.

Hoy se celebra el acto solemne de apertura de los Tribunales que se define en el art. 180 de la LOPJ, en el que el Presidente del CGPJ presenta la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia, y el Fiscal General del Estado la Memoria sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia.

Es un acto con una honda reminiscencia histórica que tiene una gran relevancia por la presidencia de este que honra su Majestad el Rey. Es un día de celebración en la justicia, que supone un motivo más para que se hable de la misma, y como siempre, lastrada por unos prejuicios y tópicos que acompañan a su desdeñada imagen desde hace muchos años, y por cuya superación poco se hace.

El servicio público justicia en España, si lo valoramos en el ámbito internacional, no sale tan mal parado, siempre que se formule con criterios objetivos. Sin embargo, la percepción de la calidad de la justicia en el ciudadano no mejora, a pesar de los objetivos progresos. Uno de los aspectos que mas se critica de nuestra justicia es su politización, algo que llama poderosamente la atención cuando en más de un 95 por ciento es ejercida por jueces que solo deben su cargo a su esfuerzo personal en la superación de unas duras oposiciones y a la antigüedad o especialización en la carrera judicial. Nuestro sistema es perfectible, sin lugar a duda, pero nunca sobre la base de trasformar el modelo de ingreso en la carrera judicial, que debe seguir basado en criterios de mérito y capacidad y nada más.