Aniquilar al adversario

Cuando uno analiza ciertas iniciativas de la izquierda radical, y aunque no se sea proclive a la nostalgia histórica, surge el recordatorio de famosas frases de un histórico socialista radical como fue Largo Caballero; su talante democrático se traslucía en frases tales como «si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos», «la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución»; el 20 de enero de 1936 hizo una llamada a la guerra civil si se perdían las elecciones de febrero; eso sí, a nadie molesta el mantenimiento de estatuas erigidas en su recuerdo.

Pero a los que nos interesan más el presente y el futuro que el pasado, nos centramos en estos contextos, y no dejan de ser preocupantes. Actitudes radicales de aniquilación del adversario político en el sentido literal de la palabra están afortunadamente superadas, pero su versión no violenta de destrucción del contrario está muy presente. Han superado las armas en sentido estricto, por armas de naturaleza democrática, quizá las más sagradas, la Prensa y la Justicia. La estrategia no es inteligente pero sí eficaz, se buscan aliados en los medios de comunicación afines, y sobre datos objetivos e históricos se hace toda una suerte de extravagancia hiperbólica ofreciendo una versión tan mendaz como manipulada para posibilitar una posible versión que encaje en algún tipo penal.

A renglón seguido, el político de izquierda radical se hace eco de las noticias ofreciendo un falso y sorpresivo estupor, anunciando al respecto el uso de acciones legales sobre la base de la falacia, ejerciendo un uso baladí, frívolo y espurio del acceso a la justicia, y ya está, se intenta poner en marcha el sistema de justicia para que con el simple cuestionamiento ante la misma se aniquile al adversario político; nuestra ley de enjuiciamiento criminal –artículo 269–, obliga a admitir las denuncias siempre que lo que se cuente pueda revestir naturaleza delictiva y no sea una denuncia manifiestamente falsa, pero los demócratas confiamos plenamente en la justicia y en un examen previo de la verosimilitud objetiva.