Por qué el índice de revalorización de las pensiones era un acierto

El Banco de España ha manifestado esta semana, por boca de su director de Economía y Estadística, Óscar Arce, que recuperar la indexación de las pensiones al IPC constituye un profundo error financiero. Tal medida elevaría el gasto en pensiones en un 2% del PIB para el año 2030 y en más de un 3% para el año 2050, esto es, el equivalente a 24.000 y 36.000 millones de euros actuales. Dado que a día de hoy ya cargamos con un agujero del 1,5% del PIB, añadir tal desequilibrio al presente sólo haría que desestabilizar todavía más las frágiles cuentas de la Seguridad Social. A juicio de algunos, empero, resulta inaceptable que las pensiones no mantengan su poder adquisitivo, esto es, que no se revaloricen de acuerdo a la inflación.

Ésa era, de hecho, la consecuencia natural del llamado Índice de Revalorización de las Pensiones, introducido por el Gobierno de Rajoy en la reforma de 2013, y que limitaba el alza de las rentas de los pensionistas a un 0,25% al año para así ajustar el déficit de la Seguridad Social, es decir, para así conseguir que sus gastos no superen estructuralmente a sus ingresos.

Pero, en realidad, el mensaje de fondo del Índice de Revalorización de las Pensiones era más profundo que ése: este mecanismo no presuponía que el ajuste financiero de la Seguridad Social tuviera que efectuarse necesariamente a través de una fagocitación inflacionista del poder adquisitivo de los pensionistas. Lo que en realidad imponía el Índice era un mecanismo subsidiario y automático de ajuste: si los gastos de la Seguridad Social siguen superando a sus ingresos, entonces las pensiones no podrán revalorizarse más de un 0,25% al año.

La regla, pues, no impedía que nuestros políticos –esos que se llenan tanto la boca con la preocupación que les genera la situación económica de los pensionistas– buscaran nuevas fuentes de financiación para la Seguridad Social de tal manera que los ingresos volvieran a ser iguales o superiores a los gastos.

De hacerlo, de restablecer el equilibrio financiero del sistema público, las pensiones podrían haber vuelto a incrementarse según el IPC incluso dentro del marco del Índice de Revalorización de las Pensiones. Por consiguiente, no había ninguna necesidad de suspender el Índice: de lo que había necesidad era de que se cuadraran las cuentas si es que de verdad se querían incrementar apreciablemente los gastos de la Seguridad Social.

Y he ahí el problema. Nuestros políticos, los que dicen preocuparse tanto por los pensionistas, saben que no hay mecanismos realistas para aumentar lo suficiente los ingresos de la Seguridad Social como para volver a indexar las pensiones al IPC (no digamos ya para rebajar la edad de jubilación o cargarse el Factor de Equidad Intergeneracional).

Pero en lugar de sincerarse con los pensionistas de hoy y de mañana, prefieren engañarlos sin solucionar los problemas de fondo: «Volveremos a ligar las pensiones al IPC aun cuando ello dispare el déficit de la Seguridad Social: que el problemón se lo coman los gobernantes y los pensionistas de mañana».

No, ése no es el camino. Si algún político cree sinceramente que las pensiones han de revalorizarse según la inflación, que suba los ingresos de la Seguridad Social hasta que pueda sufragar ese sobregasto. Y si, en cambio, los políticos se reconocen incapaces de amasar tales ingresos adicionales, que afronten la consecuencia inapelable: las pensiones tendrán que recortarse. Volvamos, pues, al Índice de Revalorización de las Pensiones.

Parón en el empleo

La creación de empleo en España durante el tercer trimestre de 2019 se frenó en seco. Estamos claramente ante el peor trimestre desde el recesivo año 2013. A saber, aunque todavía no hayamos pasado a destruir puestos de trabajo, la tasa de paro sí ha dejado de caer. No se trata de un resultado sorprendente: España necesita aumentar su PIB más de un 0,3% intertrimestral para generar nueva ocupación y, atendiendo a los indicadores adelantados de actividad que vamos conociendo, es muy probable que en el tercer trimestre apenas hayamos alcanzado semejante guarismo.

Así las cosas, deberíamos afrontar la fuerte desaceleración que estamos experimentando con una voluntad reformista que nos permita minimizar los quebrantos laborales derivados del parón del PIB. En lugar de derogar la reforma laboral, deberíamos profundizar en ella.

Productividad estancada

Más allá de los (graves) problemas coyunturales a los que se esté enfrentando ahora mismo la economía española, lo cierto es que la productividad está estancada en nuestro país desde hace casi un cuarto de siglo. Concretamente, la productividad media por trabajador apenas ha aumentado un 0,1% al año desde 1995. Y, no lo olvidemos, sin mejoras en la productividad no es posible elevar a largo plazo nuestros estándares de vida. Pero, ¿cuál es la razón de semejante falta de dinamismo en España? Los economistas han postulado al respecto diversas hipótesis pero, al final, todas ellas se retrotraen a una causa compartida: las empresas ineficientes e improductivas son protegidas de la competencia por nuestro entramado regulatorio. Lo malo no muere y lo bueno no crece. Más razones para liberalizar y promover la competencia.

Nuevos aranceles

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha dado la razón a Estados Unidos en su controversia con la Unión Europea a raíz de las subvenciones continentales que está recibiendo la aeronáutica Airbus. Merced a ello, la OMC autoriza a la administración Trump a imponer aranceles a los países europeos que estén pervirtiendo la competencia entre países subsidiando a tal empresa. Dicho y hecho: el republicano, que ya de por sí ama los aranceles, ha presentado una nueva batería de impuestos contra las exportaciones continentales. De inmediato, los líderes europeos han amenazado con castigar a EE UU con nuevos aranceles, lo que a buen seguro llevaría a Trump a redoblar su apuesta proteccionista. Mucho más sencillo resultaría, claro, que dejáramos de subvencionar a Airbus: los contribuyentes y los exportadores europeos lo agradeceríamos.