El paro nos alerta de la necesidad de reformas

El dato de la EPA del tercer trimestre de 2019 ha sido muy malo. No debemos andarnos con paños calientes: nuestro mercado laboral ha dejado de generar empleo y, una vez suprimimos el componente puramente estacional de las cifras, podemos descubrir que el paro está volviendo a aumentar con fuerza. No en vano, la ocupación apenas se ha incrementado en 69.400 personas
–¡tres veces menos que en 2016 o en 2017!– y, para mayor consternación, la mitad de esos empleos (34.200) han sido en el sector público. A saber, nuestras empresas apenas impulsaron la creación de 35.200 nuevos puestos de trabajo, un volumen incluso más bajo que el de 2013
–año en el que la economía estaba en recesión–. De ahí que la tasa de paro, filtrada de elementos transitorios, ya se ubique en el 14,4%.

Que el número de desempleados se esté moviendo tendencialmente al alza no debería sorprendernos demasiado. Como ya hemos expuesto en otras ocasiones, nuestro mercado laboral es tan sumamente ineficiente que la economía española necesita crecer entre el 1% y el 1,5% para minorar su tasa de paro. En el segundo trimestre de este año, empero, nuestro PIB apenas se expandió un 0,4% intertrimestralmente (lo que en términos anualizados equivale a un 1,6%) y todo apunta a que el tercer trimestre habrá sido peor: por tanto, bien podríamos encontrarnos ya en la zona de desaceleración en la que no recortamos las cifras de paro –como la EPA ya se ha encargado de poner de manifiesto–.

Ciertamente, la principal causa de esta desaceleración del PIB
–que ya ha permeado al mercado laboral– no es atribuible al Ejecutivo socialista: se trata de un frenazo importado por el parón de nuestros vecinos europeos que, a su vez, se explica por la disrupción de los flujos comerciales derivados de la guerra arancelaria entre EE UU y China, así como por la incertidumbre regulatoria del Brexit. Sin embargo, que el grueso de la desaceleración no sea atribuible al Gobierno no significa que éste carezca de cualquier tipo de responsabilidad en la misma. Por ejemplo, la desproporcionada subida del salario mínimo, que impuso a comienzos de 2019 de la mano de Podemos, ha dañado los márgenes de muchas de nuestras pymes, las cuales cuentan ahora con menor capacidad para contratar o retener trabajadores –especialmente en un contexto global turbulento como el presente–. Asimismo, las amenazas
–todavía no consumadas– de disparar la tributación sobre las empresas, sobre el ahorro y sobre la inversión no contribuyen a generar un clima de expectativas amigables hacia el sector mercantil.

Pero, más allá de los –importantes– errores económicos cometidos por este Gobierno y que puedan estar realimentando negativamente nuestra desaceleración actual, lo peor de todo es que la única posibilidad que tenemos de capear la ralentización sin que perjudique de lleno a los más desfavorecidos
–parados y trabajadores temporales, aquellos que apenas han llegado a probar las mieles de la recuperación– es mediante un ambicioso paquete de reformas que, por un lado, liberalice nuestros mercados
–blindándolos en la medida de lo posible frente al shock exterior– y, por otro, alivie la carga impositiva de nuestras compañías. Dos asuntos que, por desgracia, un gobierno socialista no piensa afrontar bajo absolutamente ningún concepto
–Zapatero se negó a hacerlo incluso en medio de la mayor crisis económica de los últimos 50 años–. Ahora mismo necesitamos de gobernantes con espíritu reformista y este gabinete no lo posee. Su receta frente al aumento del paro no va más allá de quedarse de brazos cruzados hasta que la coyuntura internacional vuelva a acompañar.

Tirón de orejas de Bruselas

La Comisión Europea le ha dado esta semana un tirón de orejas al Gobierno de Sánchez. En pocas palabras, no se fía del plan presupuestario para 2020 que les remitió el Ejecutivo español hace unas semanas. La razón es que este documento contiene un desajuste de 6.600 millones de euros entre lo que el Gobierno pretende gastar y lo que dice que va a recaudar, un desequilibrio que sólo puede saldarse de dos formas, a saber: o recortando gastos o aumentando impuestos. La campaña electoral del PSOE, sin embargo, se ha basado en prometer subidas masivas de gasto minimizando los sablazos impositivos. En alguno de ambos capítulos nos han de estar engañando y, muy probablemente, lo que nos estén ocultando sea el rejonazo impositivo que viene.

Mario Draghi dice adiós

Mario Draghi ha presidido el Banco Central Europeo durante los últimos ocho años: período que ahora toca a su fin (a partir del 1 de noviembre, Christine Lagarde lo reemplazará al frente de la entidad monetaria). Para muchos analistas, el mandato de Draghi ha sido ejemplar, hasta el punto de que —según dicen—habría salvado al euro de la desmembración. No obstante, la verdad es que los años de gobierno del italiano han dejado un BCE profundamente dividido (nunca la disparidad de criterios entre los banqueros centrales había sido tan abismal como ahora) y politizado (el banco central se está convirtiendo crecientemente en una herramienta para financiar gobiernos antes que para velar por la liquidez del euro). Más que salvar el euro, fracturó los consensos en torno al mismo.

Primera rebaja fiscal de Almeida

El Partido Popular concurrió a las elecciones municipales de Madrid prometiendo una sustancial rebaja de los gravámenes municipales y, muy en especial, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El compromiso es recortar esta figura fiscal hasta su mínimo legal (el 0,4%) desde el nivel en que lo dejó el consistorio de Carmena (0,51%). De momento, y no obstante, apenas se rebajará finalmente hasta el 0,483%, lo que supondrá un ahorro de unos 30 euros anuales por familia. Será un
ajuste testimonial que, si de cumplir con la palabra dada se trata, debería ir seguido de una bajada bastante más intensa y noticiable a lo largo de los próximos años. La ciudad de Madrid ha de seguir amortizando su endeudamiento pero, a su vez, ha de aliviar la extraordinaria carga impositiva que sufren sus residentes.