No es lo mismo una política económica que otra

Ni

izquierdas ni derechas se presentan a estas elecciones con las

cuentas cuadradas. Las primeras porque prometen aumentos desorbitados

del gasto público sin plantear subidas impositivas suficientes como

para sufragarlos; las segundas porque proponen rebajas de impuestos

que no van acompañadas de un recorte lo suficientemente apreciable

de los desembolsos estatales como para no elevar el déficit. Todas

las formaciones se han entregado a un cierto anumerismo

propagandístico con el propósito de maximizar los afectos y

minimizar los desafectos.

Por

desgracia, las cuentas públicas de nuestro país no están como para

practicar experimentos irresponsables: con un 100% de deuda estatal

sobre el PIB y en medio de una cada vez más intensa desaceleración

económica, los presupuestos del Estado no deberían desentenderse de

nuestro saneamiento financiero, sino que deberían priorizarlo para

blindarnos frente al riesgo de desconfianza de la comunidad

inversora.

Ahora

bien, que izquierdas y derechas presenten unos planes presupuestarios

desajustados no significa que las causas que motiven ese desajuste

sean igual de dañinas para el funcionamiento de nuestra economía.

No es lo mismo disparar el gasto público, creando nuevas

transferencias que desincentiven la empleabilidad de los trabajadores

o que subsidien empresas improductiva, que disminuir los impuestos

incentivando la empleabilidad de los trabajadores y aumentando los

recursos propios de aquellas compañías rentables que pretenden

seguir expandiendo sus actividades. En suma, no es lo mismo fomentar

la improductividad que impulsar la productividad.

Al

igual que tampoco es lo mismo un paquete de medidas dirigido a

sobrerregular que a desregular la economía. Las izquierdas

pretenden, en mayor o menor grado, multiplicar los grilletes

legislativos que pesan sobre nuestras empresas: menor libertad

laboral, menor libertad inmobiliaria, menor libertad energética o

menor libertad en el transporte; en suma, una economía menos

flexible y menos competitiva para generar riqueza. Por su parte, las

derechas, también en mayor o menor grado, plantean eliminar algunas

de las losas normativas que recaen sobre la organización

empresarial: mayor libertad laboral, mayor libertad inmobiliaria,

mayor libertad energética o mayor libertad en el transporte; en

suma, una economía más flexible y más competitiva para generar

riqueza.

Debiera

ser obvio, pues, que los programas económicos de ambos bloques

políticos no son equivalentes. Aunque ninguno de los dos tenga los

deberes plenamente hechos, los deberes de las primeras sólo conducen

a un mayor estancamiento económico mientras que los deberes de las

segundas contribuirían a liberar nuestra capacidad productiva. Y

durante los próximos años no podemos permitirnos el lujo de socavar

nuestra capacidad productiva, arriesgándonos a caer en una nueva

recesión. En un contexto económico como el actual de España, en el

que la propia Comisión Europea estima que apenas creceremos un 1,5%

el próximo año y en el que, por tanto, la creación de empleo se

pondrá seriamente en riesgo, no deberíamos avanzar en la dirección

de más gasto público (y más impuestos) junto a una mayor

regulación. Nuestras empresas necesitan de oxígeno financiero y

regulatorio para capear la ralentización y volver a coger vuelo.

Desde

un punto de vista económico, lo peor que le podría suceder a

nuestro país tras el 10 de noviembre es que triunfe una coalición

entre la izquierda y la extrema izquierda, puesto que todas las ideas

desnortadas de los socialistas se verían gravosamente amplificadas

por la influencia radical de Unidas Podemos o de Más País. Frente a

esa terrible alternativa, mucho mejor sería proseguir con el actual

bloqueo político.