El PSOE sí fue dopado a las urnas

El latrocinio de los ERE y la subsecuente red clientelar tejida con los fondos públicos no fueron inocuos ni para el conjunto de Andalucia ni para el propio partido socialista, como hoy revela LA RAZÓN, tras analizar los últimos Presupuestos de la Junta, ya en manos del Partido Popular y Ciudadanos, y la evolución temporal de los resultados electorales en la comunidad autónoma más poblada de España.

Así, la primera conclusión que cabe extraer, y que por sí sola obligaría a todas las instituciones del Estado a procurar la restitución del dinero malversado, es que la trama de corrupción montada por el socialismo andaluz no sólo afectó al tejido productivo de la región, puesto que fomentaba el cierre de empresas y la destrucción de empleo, sino que sustrajo unos fondos que podían haberse utilizado en la dotación de infraestructuras básicas, como Sanidad y Educación, de las que Andalucía siempre ha adolecido en mayor proporción que el conjunto de España. Por citar unos ejemplos, extraídos, como hemos dicho, de las últimas cuentas presentadas por la Junta, los 680 millones de euros defraudados equivalen a la prevista construcción de 106 centros de Enseñanza Pública, de 21 hospitales comarcales, cada uno con 52 camas y tres quirófanos, o a la financiación en 2020 de las políticas activas de empleo. Son cifras que, sin duda, permiten a los ciudadanos calibrar la extensión del daño más allá de abstracciones contables y de excusas pueriles sobre aprovechamientos personales.

Que estos fondos ingentes, la mayoría provenientes de la Unión Europea, acabaran nutriendo la red tentacular de un partido, como ha dictaminado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, nos conducen a la segunda e inevitable conclusión: que entre los años 2000 y 2009, cuando la trama estaba en su máximo esplendor, el PSOE andaluz acudió con ventaja a las urnas – «dopado», en la expresión que los propios dirigentes socialistas acuñaron para acusar en su momento a los populares–, lo que tuvo su correspondiente traslado a los resultados electorales. De hecho, el partido consiguió en 2004 la mayoría absoluta de los sufragios, con un incremento de casi 8 puntos porcentuales respecto a las elecciones autonómicas anteriores, al tiempo que en las Generales conseguía pasar de 52 a 61 escaños, que fueron determinantes en la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero. Ciertamente, es imposible calibrar el beneficio directo de esa política clientelar, pero los datos de evolución del voto indican que no fue, precisamente, menor.

De ahí que no deje de sorprendernos la presteza con que los mismos comentaristas que acusaban de «dopaje» al PP –basándose en una sentencia que fue cuestionada por el pleno de la Audiencia Nacional y conllevó la recusación del juez Ricardo Prada–, eluden ahora entrar en el fondo del asunto. Porque la resolución de los magistrados que han juzgado la trama de los ERE deja poco lugar a las dudas en lo que se refiere a los destinatarios de las ayudas malversadas, en su mayoría individuos vinculados al socialismo andaluz. Entendemos que la actual dirección del PSOE trate de desvincularse de este episodio vergonzoso, pero en algún momento, más aún si tenemos en cuanta que faltan por juzgarse más de un centenar de procedimientos asociados al caso principal, tendrá que asumir la responsabilidad compartida. Empeñarse en un relato buenista y circunstanciado de lo que. en realidad, ha sido el mayor caso de corrupción pública conocido en la historia reciente de España, puede tener efecto entre los militantes y simpatizantes más radicalizados, pero no en una opinión pública, especialmente la de Andalucía, que empieza a conocer el alcance del latrocinio.