Sánchez debe explicar qué pacta con ERC

La exigencia de mantener la más absoluta discreción en torno a los pormenores del pacto de investidura entre el PSOE y ERC parte de una lógica apabullante: se trata de una negociación que no aguanta la menor luz y, mucho menos, los taquígrafos, porque, para que tenga éxito, una de las dos partes, los socialistas o los republicanos, está obligada a una renuncia mayor de sus presupuestos políticos e ideológicos muy difícil de aceptar para sus respectivos votantes.

No hay que buscar más trasfondo en la trifulca que, ayer, enfrentó al ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y a la portavoz separatista catalana, Marta Vilalta, a cuenta del calendario de la investidura. En efecto, parece acertado atribuir un alto grado de veracidad a las palabras del ministro Ábalos, que, al fin y al cabo, es miembro destacado del equipo negociador, cuando afirmaba en una entrevista en una Televisión pública que ERC había renunciado a la vía unilateral hacia la independencia de Cataluña, que ambas formaciones ya estaban intercambiándose papeles y que, en consecuencia, era perfectamente posible convocar el pleno del Parlamento antes de que terminara el año, más precisamente, entre el 27 y el 30 de diciembre, eso sí, una vez que el congreso nacional de Esquerra, que se celebra el próximo sábado, ratificara el contenido del acuerdo.

La agria reacción de los republicanos, que llegó por medio de la citada Marta Vilalta, que negó la mayor –ERC no había renunciado a ninguna vía para conseguir la independencia de Cataluña– y puso el acento en que su partido no estaba negociando una simple investidura, sino la arquitectura de un proceso que «resuelva el conflicto político», revela el temor al rechazo de sus votantes que embarga a los dirigentes de la formación que preside el recluso Oriol Junqueras, ante cualquier acuerdo que pueda interpretarse, no ya como cesión, sino, en clave del imaginario separatista, como una traición a la causa de la presunta república catalana, que, sin duda, sería inmediatamente aprovechada por el partido del fugado Carles Puigdemont ante un probable adelanto de las elecciones autonómicas en el Principado.

De ahí, la vehemencia de la portavoz Vilalta a la hora de asegurar que se estaba lejos de un acuerdo con el PSOE, que las negociaciones no avanzaban y que la cuestión de la autodeterminación y el referéndum estarán presentes en la futura mesa bilateral con el Gobierno. Por supuesto, no es cuestión de especular qué parte de puesta en escena había en la intervención de Marta Vilalta y qué parte de verdad, pero sí debemos advertir de la imposibilidad fáctica de que un Gobierno democrático en España se avenga a negociar, ni siquiera en un plano meramente diversivo, cuestiones como las que planteaba la portavoz de ERC, que entran de lleno en la ruptura constitucional. De ahí que, pese a las dificultades objetivas, el PSOE y, más directamente, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, estén obligados no sólo a poner bajo los focos de la opinión pública qué se está negociando con los separatistas catalanes, sino a que el contenido completo y exacto del hipotético acuerdo de investidura, que el ministro Ábalos ve ya tan próximo, se haga público en toda su extensión.

Luz, taquígrafos y documento escrito es lo menos que los españoles pueden reclamar a quien pretende gobernarles con el apoyo de un partido que busca la destrucción de la nación. Porque no se trata de repartirse las carteras ministeriales y subir más o menos los impuestos, caso del pacto de Podemos, sino de garantizar que no se pone en cuestión ninguno de los principios fundamentales de la Constitución, como son que la soberanía residen en el conjunto de los ciudadanos y que España es indivisible, patria común de todos los españoles.