Opinión

¿Por qué sólo hasta 950 euros?

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos contempla concluir la legislatura, allá por 2023, con un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.200 euros mensuales (en catorce pagas). Ubicándose el SMI a cierre de 2019 en 900 euros mensuales (en catorce pagas), resultaba necesario aumentarlo una media de 75 euros en 2020 para, al cabo de cuatro ejercicios, alcanzar la cifra mágica de 1.200 euros. De hecho, según nos habían anunciado, la idea era haber incrementado esta suma incluso más, hasta los 1.000 euros mensuales (en catorce pagas) para el presente ejercicio.

Finalmente, sin embargo, el aumento será de 950 euros: una subida de 50 euros al mes no sólo inferior a la comprometida (100 euros) sino también a la media necesaria para alcanzar su promesa en 2023 (75 euros). Habida cuenta de que cuanto más alto es el SMI, más complicado se va volviendo incrementarlo adicionalmente, sorprende que un Gobierno que aspire a alcanzar los 1.200 euros mensuales en 2023 no se atreve a aumentarlo a más de 950 euros durante el primer año de su mandato. La prudencia gubernamental debería motivar dos reflexiones al respecto.

La primera es que, en contra de lo que sostienen muchos apologetas del SMI, éste sí puede tener efectos dañinos sobre la economía y la generación de empleo. Cuanto más alto sea el SMI, tanto más valor dentro de la empresa ha de ser capaz de generar el trabajador: en caso contrario, o bien el propio trabajador no será contratado, o bien el empresario deberá subir los precios de sus productos para compensar el aumento de sus costes laborales o bien los ingresos del propio empresario se verán contraídos (y dado que la mayor parte de las empresas afectadas son micropymes, serán pequeños empresarios quienes se empobrecerán). Sea como fuere, subir el SMI no sale gratis: alguien lo paga (sea el trabajador, el consumidor o el empresario). En este sentido, recordemos que el Banco de España estimó que el alza del SMI de 2017 (muy inferior a la vivida en el período 2019-2020) provocó que 12.000 personas perdieran su empleo (y dejó por estimar todas aquéllas que dejaron de encontrarlo): ahora, con un incremento mayor es muy probable que los efectos sean peores. Una primera razón para la prudencia.

La segunda es que esos potenciales malos efectos se vuelven tanto peores cuando la economía no crece. Al cabo, una economía en expansión es una economía con cierto margen para absorber y digerir los efectos adversos del SMI: si las empresas cada vez venden más, subir los precios no suele ser demasiado complicado. Distinto es el caso de una economía estancada donde las compañías compiten por un mercado que no crece y donde, por consiguiente, no es posible aumentar los precios de sus productos: en ese escenario, la subida del SMI tenderá a trasladarse o en forma de menor empleo o en forma de menor inversión empresarial. De ahí que, ante las malas perspectivas de aumento del PIB para 2020 y 2021 (de acuerdo con el FMI, apenas nos expandiremos a una tasa del 1,6%, la más baja desde 2014), no convenga seguir aumentando de manera desaforada el SMI. Una segunda razón para la prudencia.

En definitiva, que PSOE y Podemos hayan reculado en parte nos muestra que subir el SMI también trae consecuencias negativas, especialmente cuando la economía está estancada. Mejor habría sido, eso sí, que antes de continuar por este camino hacia lo desconocido se hubiera efectuado un riguroso estudio de impacto sobre la medida. Así tal vez habríamos evitado males mayores.