Renta de inserción

Según ha manifestado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el Gobierno de PSOE-Podemos está ultimando una propuesta de renta mínima de inserción no sólo para hacer frente a la grave crisis económica a la que nos enfrentamos, sino también como una medida estructural para el largo de nuestra sociedad. Recordemos que una renta mínima de inserción es una transferencia estatal para personas con ingresos bajos y que generalmente va ligada a algún tipo de condicionalidad –por ejemplo, predisposición a participar en cursillos de formación o a aceptar empleos–. Como regla general, el establecimiento de una renta mínima de carácter estatal no tendría por qué ser una mala noticia. Si el Estado debe tener alguna función redistributiva, ésta debería ir orientada a sostener a aquellas personas más desfavorecidas de la sociedad. Ahora bien, a este respecto es necesario efectuar dos matizaciones. Primero, la renta mínima debería ser, en todo caso, un asidero de última instancia para los ciudadanos. No se trata de que aquéllos que no quieran cooperar con el resto de la sociedad vivan a costa del resto, sino de que aquéllos que no puedan cooperar con el resto de la sociedad sean capaces de subsistir dentro de esa sociedad. De ahí que políticas como la renta mínima solo debería poder justificarse en países que no interpongan obstáculos a la cooperación social. Es decir, sólo cuando hayan sido eliminadas todas las barreras a la generación de riqueza (salarios mínimos, licencias, impuestos altos…) cabría plantearse transferir esos ingresos subsidiarios a aquéllos que, aun así, sigan siendo incapaces de generar valor para los demás. Pero en una economía como la española, en la que millones de personas no pueden ganarse honradamente la vida porque la legislación se lo impide –no en la actualidad, claro, sino en períodos normales–, la renta mínima puede convertirse en un mero subsidio al desempleo forzoso generado por la Administración, un mecanismo para instituir redes clientelares en favor del Gobierno. Segundo, establecer en este contexto de excepcionalidad y de emergencia una renta mínima con vocación de permanencia puede engendrar problemas de futuro. En la presente situación existe la evidente tentación de impulsar una transferencia muy amplia, generosa y con muy poca condicionalidad –algo que incluso cabría comprender debido a, como decimos, la grave excepcionalidad que vivimos–, pero esas no deberían ser las propiedades para el largo plazo de este programa de asistencia social. Al contrario, para que la transferencia estatal no se convierta en una subvención a la improductividad y a la parálisis, la renta ha de ser mínima y sujeta a una alta condicionalidad. De ahí que éste no sea el mejor momento para introducir una reforma duradera en nuestro sistema de protección social. Si el Gobierno desea introducir un paliativo contra el empobrecimiento que está provocando la pandemia, que lo haga y lo elimine una vez ésta haya terminado; pero que no mezcle políticas coyunturales con políticas estructurales.