El fin del estado de alarma

El estado de alarma debe cesar lo antes posible, en estos momentos lo que más alarma está generando es el propio Gobierno manteniendo este estado excepcional que tanto y tan intensamente está limitando los derechos de los ciudadanos. Esta situación excepcional ni es necesaria ni proporcional. El estado de alarma, como los otros dos estados –excepción y sitio– está al servicio de la Constitución y del orden constitucional, es su defensa la que legitima la declaración del estado de alarma y no la defensa, por supuesto, ni de intereses de partido, ni de gobierno. En estos momentos, se está produciendo un abuso por parte del Gobierno de la nación de esta medida excepcional, y especialmente en una desescalada desigual en la que no solo priman en sus decisiones las razones de salud pública, y por ello resulta esencial recuperar la normalidad constitucional cuanto antes. También conviene recordar que fuera de los presupuestos habilitantes, extramuros de los referidos límites, cualquier actuación de las autoridades necesariamente se situará al margen de la cobertura del ordenamiento jurídico dando lugar a responsabilidades en sus diversas modalidades. Del «in ter arma si lent leges», las leyes normales se callan en el momento en que las armas hablan y del «necesitas caret lege», tributarios del estado de guerra, se ha pasado en la dialéctica del Estado de derecho a que en la declaración de cualesquiera de los tres estados la Constitución y las leyes deben seguir hablando y lo deben hacer de modo ininterrumpido, y si cabe, a través de los jueces y tribunales ordinarios, de todos los órdenes jurisdiccionales y del Tribunal Constitucional, así como a través de los representantes de la soberanía popular. Solo por esto ya se debe finalizar el estado de alarma y recuperar la anormalidad en los plazos procesales y administrativos para que cuanto antes recuperemos el necesario equilibrio entre poderes del estado. Por otro lado se puede estar utilizando el estado de alarma para gestionar una cogobermanza entre el Estado y CCAA a la carta, donde en unas comunidades con gobiernos afines la cogobernanza significa codecisión, y para otras, imposición, y esto no puede durar más, nuestra democracia no se lo puede permitir. Las razones de salud pública mandan dentro de la ley.