Opinión

El país de las maravillas

La ofuscación de Sánchez en el mantenimiento del estado de alarma puede deberse a dos motivos, el primero, una creencia incondicional en el informe de la abogacía del gobierno que tanto esgrimió el presidente en el último debate sobre el tema, desconociendo y denigrando al Consejo de Estado, a quien le debiera haber pedido informe desde un principio. El art. 21 de de su ley reguladora dice que deberá ser consultado entre otros asuntos, por aquellos de Estado a los que el gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión, y no cabe duda de que la declaración de un estado de alarma lo es, y de forma superlativa. El segundo, se puede deber a que el estado de alarma permite al gobierno de la nación ostentar el poder manteniendo en las comunidades autónomas la gestión y la responsabilidad, un estado ideal para un gobierno socialista-comunista de corte infantil que siempre busca el origen de sus propios problemas en los demás. Por otro lado, le permite mantener un ordeno y mando que desde la arbitrariedad y la asimetría, le permite ocultar con ventajismo y excusas las permanentes rectificaciones y contradicciones, sin más interés que la propia supervivencia. Para mayor sarcasmo, todo ello nos lleva a lo que se ha denominado la nueva normalidad, situándose en un escenario que nos recuerda peligrosamente a Orwell y con risible frivolidad a Lewis Carroll. Pareciera que se han instalado en el reino de la excepción frente a la ley, y del caos frente al canon. Esto no puede durar más, las mismas dudas que suscitan las leyes ordinarias, incuso las orgánicas, por la limitación del derecho a la libre circulación para contener la epidemia, existen sobre el mismo estado de alarma, cuya regulación literal no lo permite de forma absoluta. Por eso el gobierno, y especialmente su presidente, deben abandonar el camino de la excepción y de la imposición, y cuanto antes devolvernos a la normalidad democrática, a la única, la de siempre, y, sobre todo, confiar en los ciudadanos. No cabe duda que el estado de alarma como excepción democrática y como instrumento limitador de derechos individuales y libertades públicas resulta un escenario idílico para un comunista, pero no deber serlo para un socialdemócrata, mas no sabemos cuánto de cada hay en el actual gobierno.