El juego de la irresponsabilidad

Cuando se habla de responsabilidad no podemos olvidar su significado etimológico, esto es, dar correspondencia a lo prometido, y por ello, cuando la calificamos de política se circunscribe a responder políticamente por los propios actos; en definitiva, ofrecer explicaciones en el ámbito político, y, sobre todo, asumir las consecuencias derivadas de esas explicaciones. En el ámbito penal también se responde, pero esta respuesta se ciñe tan solo al ámbito jurídico y al encaje de estos actos a los previos ilícitos penales y nada más, en suma, explicar jurídicamente los propios actos, de tal suerte que se pueda concluir que los actos son típicos, antijurídicos, y además culpables, esto es, si supusieron la comisión de un delito. Las explicaciones se dan en las sedes pertinentes del debate jurídico penal, los tribunales, e implica asumir las consecuencias derivadas de esas explicaciones. Algunos provocan una confusión de ambos planos, y el que no prosiga una causa penal supone además de la inocencia una irresponsabilidad política, y otros, utilizan el proceso penal como arma política, de tal suerte, que se desnaturalizan los ámbitos de exigencia de responsabilidad, se corrompen, y al final, quien sufre como siempre es la verdad. Algunos también creen que su responsabilidad ha dejado de ser de naturaleza política, para ser exclusivamente jurídico-judicial y esto pervierte los procesos e instrumentos de control. En ocasiones se constituyen comisiones parlamentarias interfiriendo en la actuación de los tribunales, y otras, se utiliza a los tribunales para sustituir a las comisiones parlamentarias. No se puede sustituir el juicio político democrático por el juicio jurídico penal, ni pervertir este con el primero. En el ámbito del Derecho penal es esencial y fundamental la presunción de inocencia de toda persona, sin embargo, en política la regla general es la rendición de cuentas. El dolor que padece nuestra sociedad por el sufrimiento que ha irrigado el coronavirus exige mucha responsabilidad, especialmente en la exigencia de la misma, porque instrumentalizar el dolor de las víctimas es una acto inmoral e impropio de alguien con un mínimo de principios morales. Las declaraciones de algún responsable político sobre la gestión de los centros asistenciales de mayores y sus más que veladas imputaciones, además de constituir un ejercicio de descargo, se descalifican por sí mismas. La responsabilidad se ejerce y no solo se exige.