¿Y se piensa en las consecuencias de una reforma constitucional?

El Ministro de Justicia acaba de señalar que España está «en una crisis constituyente». La ventaja que tenemos los economistas españoles es que hemos leído la lección 2ª de esa obra magnifica del profesor Castañeda, «Lecciones de teoría económica» y comprendemos la importancia de tener en cuenta los determinantes de la vida económica, que explican reacciones existentes a corto y largo plazo. Y que en el caso concreto de España, nos muestran un clarísimo empobrecimiento económico, que a partir del siglo XIX, siempre se vincula con hundimientos de una situación política monárquica. Cuando marchaba de España un monarca, la economía quedaba trastornada. Se puede comprender exactamente esto gracias a que conocemos, desde 1820, la evolución anual de las cifras del PIB español, en la obra de Angus Maddison, «The World Economy:Historical Statistics». Léanse, incluso como curiosidad, lo que originaron los destronamientos de Isabel II y de Alfonso XIII, e incluso, se observa cómo en una situación deprimida, se generan incrementos, tanto con la llegada al trono de Amadeo I, como de Alfonso XII. Pero por supuesto, además, se ha creado un importante ambiente que evidencia reacciones simultáneas en los momentos de esos cambios políticos radicales, al crear un fuerte ambiente favorable para la ruptura del mercado español, primero con el cantonalismo y, a partir de 1931, con concesiones a los separatismos. Es así que, si el Brexit preocupa a Europa, a pesar de la magnitud homogénea del resto del mercado europeo, en caso de que la ruptura a la yugoslava se produjese en España, repetiría realidades de freno económico, como las nacidas en nuestro país, tanto en la I como en la II República. Así es como se agravan temas tan importantes como el funcionamiento de las estructuras financieras y, por supuesto, no es posible olvidar el papel fundamental que sigue teniendo el presupuesto que, en caso de su ruptura básica, engendraría un caos colosal en el panorama fiscal.

Con esto, hay que añadir, a lo derivado de tales cambios, lo que ocurre al observarlos a partir de tres características de nuestra vida económica. La primera de ellas está relacionada con el modelo económico español, el cual, desde 1959 nos ha impulsado de forma muy clara y de modo positivo, nos siga permitiendo, estar moviéndonos con fuerza en el mundo económico internacional, y eso preocupa porque realidades regionales, o incluso locales, no son capaces de constituir un punto de apoyo semejante al de todo un conjunto económico nacional. La segunda característica que precisamos es la de mantener un mercado laboral muy flexible. Si esto no es lo normal, como consecuencia de presiones equivocadas, generalmente de origen sindical, se provoca de modo inmediato un fuerte desempleo. La tercera es la existencia, con mínimas restricciones, de un mercado de libre competencia, por lo que se refiere tanto a bienes como a servicios, con un complemento claro de huida de mecanismos estatificadores e intervencionistas.

Las dos primeras características se han presentado ya en nuestra historia económica reciente, y se ha visto cómo lograban superarse. Pero amanece con creciente claridad, la tercera gran amenaza, que es precisamente la que además, recibe la impresión de imposibilidad legal. Señalo esto porque su base se encuentra en la Constitución. Basta mencionar el texto del artículo 38 de la Constitución de 1978, «Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado», con el complemento del artículo 33: «Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia», para entender lo anteriormente dicho. Pero, en estos momentos, la intención de cambiar radicalmente la estructura económica española para generar un entramado socioeconómico y político diferente, encuentra imposibilidad con el marco actual constitucional, que claramente los impide. Por ello se ha comprendido que no es suficiente el logro de una victoria electoral, porque lo deseado es eliminar la libertad económica amparada por la Constitución de 1978. Evidentemente, pasa a ser muy claro el deseo de que se lleve a cabo una reforma constitucional. Y de modo también muy claro, si tenemos en cuenta las exposiciones que están haciendo numerosos dirigentes políticos vinculados al actual Gobierno Sánchez-Iglesias, pretendiendo con tal reforma constitucional, facilitar la desaparición de la monarquía y, asimismo, que surgiesen muchas posibilidades para el triunfo de separatismos regionales. El cambio constitucional generaría, pues, una novedad política en el siglo XXI que forzosamente repetiría las experiencias de los siglos XIX, y del XX y, simultáneamente se abriría la puerta a un auténtico alud de estatificaciones e intervencionismos económicos de variado tipo, no menos terroríficos.

Es preciso que estas cuestiones queden muy claras, y los economistas somos los que, forzosamente, percibimos por dónde se mueven ciertas amenazas que, evidentemente, son muy destructivas para lo económico; pero mucho más en lo político, como lo prueba la Historia que, muy recientemente, han vivido muchos españoles, y que se deben evitar, si tienen capacidad de recordar los que la sobrevivieron; y de enterarse, de una vez, los que no lo vivieron y aprendieron mal, entre otras cosas, cuál fue la evolución del PIB.