El anuncio arranca con un video-selfie de una mujer que vive en el futuro: en la Rusia de 2035, como reza un rótulo adjunto. “¡Qué contenta estoy! ¡Han adoptado a nuestro pequeño!”, dice la mujer emocionada, mientras el plano enfoca a un niño de no más de ocho años que se está poniendo los zapatos. Otra señora más mayor le termina de preparar la mochila. “¡Pedrito! ¿Estás contento de tener una mamá y un papá?”. El crío asiente mirando a la cámara. Llega el padre, un hombre joven y sonriente. “¿Nos vamos?” Salen del Orfanato número 2. En el exterior, el niño busca con la mirada. “¿Dónde está mi mamá?”, pregunta sorprendido. “Ahí está tu nueva mamá”, le responde y entonces se ve a otro hombre junto a un coche de fabricación extranjera. La señora que está grabando con su teléfono móvil cambia de gesto y se pone muy seria. El niño está triste, parece que va a llorar. “¿Qué ocurre? ¡No te disgustes!”, le comenta cariñosamente el padre, tomándole de la mano. “Ahora tendrás una familia auténtica y completa”, añade. El segundo hombre, abiertamente gay en sus gestos, saca del vehículo un vestido de niña comprado para Pedrito. Las cuidadoras se miran en silencio; la más mayor escupe en el suelo y se marcha alterada. Habla una voz en off: “¿Esta es la Rusia que votarás? Decide el futuro del país. Vota a favor de las reformas constitucionales”. Mientras, la pareja homosexual se besa.

Los rusos acuden a las urnas el próximo 1 de julio para aprobar -o no- una serie de enmiendas a la Constitución ratificada en 1993, y este polémico reclamo publicitario ha centrado buena parte de la campaña. El anuncio se convirtió en viral en pocos días dentro y fuera de la Federación Rusa. Los colectivos LGTBI calificaron su mensaje de degradante, indigno y hostil. También se podría decir que es homófobo, maniqueo, absurdo e incluso infantil. Poco después de ser difundido, YouTube decidió retirarlo de su plataforma, al considerar que fomentaba el odio por razón de sexo. Detrás de esta publicidad aparece un grupo mediático llamado Patriot, sancionado por Estados Unidos y vinculado al oscuro empresario Evgeny Prigozhin, próximo al presidente Vladímir Putin.

Una de las modificaciones constitucionales previstas implicará la reforma del artículo 72, que considerará el matrimonio “como la unión del hombre y la mujer”. En el fondo se trata de impedir que las parejas homosexuales puedan regularizar plenamente su situación civil y que dos personas del mismo sexo puedan adoptar niños.

Rusia es un país claramente homófobo, que discrimina e incluso reprime al colectivo LGTBI. De hecho, en 2013, quedó aprobada una ley que prohíbe y penaliza la promoción de la homosexualidad o “relación sexual no tradicional” entre los menores. Esta actitud intransigente no es actual, pues viene heredada de los tiempos soviéticos, cuando la homosexualidad estaba duramente perseguida al ser tratada como un comportamiento depravado.

Hay otras reformas no menos controvertidas. La más conocida es que la que permitirá a Putin, líder indiscutible de Rusia desde 1999, permanecer en el poder hasta 2036, después de que acabe su cuarto mandato en 2024. Eso le abriría la puerta a un gobierno de por vida.

El Kremlin optó por convocar una votación nacional -no un referéndum cuyos resultados serían legalmente vinculantes- para legitimar el respaldo al presidente, aunque no fuera necesario, pues las reformas podían haber sido aprobadas en el Parlamento, controlado por el partido cercano a Putin, como así fueron. La votación, libre y voluntaria, será, por consiguiente, una suerte de plebiscito a la erosionada gestión del jefe del Estado. De ahí que sea importante comprobar el índice de participación, ya que nadie duda de que ganará el sí. La única incógnita es por cuánto. La oposición comunista, todavía presente en la Duma, pero ya poco decisiva, ha pedido el voto en contra, denunciando que el plebiscito “fortalece la dictadura presidencial y consolida la dominación oligárquica”.  El propio Putin pidió a los rusos que se movilicen porque planea el fantasma de la fuerte abstención. Eso le preocupa. Tanto que las autoridades parecen dispuestas a sobornar a los electores para que vayan a la consulta. Sin ir mas lejos, el ayuntamiento moscovita tiene previsto regalar en los colegios electorales bonos de descuento para tiendas, supermercados y restaurantes por un valor de hasta 5.000 rublos (64 euros). La Alcaldía sostiene, sin embargo, que estas dádivas sirven para ayudar al comercio, muy afectado por el confinamiento. Pero en la enorme región de Krasnoyarsk han organizado, incluso, el sorteo de un apartamento entre quienes se animen a votar. Otros territorios han optado por organizar barbacoas y fiestas populares. También se ha denunciado que cientos de pensionistas que viven en Moscú, donde es posible el voto telemático, están siendo registrados en masa para el sufragio ‘online’, aunque muchos de ellos no sean conscientes de ello. El plebiscito adolece de suficientes garantías, según el colectivo Golos (La Voz) que defiende a duras penas desde 2000 los derechos de los electores. El fraude resulta fácil y tentador. La campaña por el no ha sido residual y en general, todo el proceso se está produciendo en mitad de una pandemia que sigue aumentando en tierras rusas.

Los cambios no son nada menores: afectan hasta 42 artículos de los 137 con que cuenta la Carta Magna. Hay enmiendas muy razonables como el aumento anual de la jubilación y del salario mínimo. Pero otras despiertan mucho recelo fuera de la Federación Rusa como aquella que hace prevalecer a la Constitución nacional sobre cualquier ley internacional (artículo 79), pues estipula que “las decisiones de los organismos interestatales adoptadas sobre la base de las disposiciones de los tratados internacionales firmados por Rusia no pueden aplicarse en el país si entran en contradicción con la Constitución federal”. Eso pondrá indudablemente en tela de juicio la eficacia del Derecho Internacional.

También se contempla fortalecer las atribuciones de la Duma Estatal, la cámara baja de la Asamblea Federal, en cuanto a la elección del primer ministro, y excluir a ciudadanos rusos con pasaporte extranjero o cuentas bancarias en el exterior para asumir cargos regionales o estatales. Rusia es definida como “sucesora” de la Unión Soviética en su territorio. El Estado, según recoge la reforma, tiene el deber de apoyar a los compatriotas que viven en el extranjero en el ejercicio de sus derechos, la defensa de sus intereses y la preservación de la identidad cultural rusa; el Estado también garantiza la protección de la “verdad histórica” y el respeto a los hechos de los “defensores de la patria”, prohibiendo que estos sean denigrados. Se trata, en definitiva, de cambios conservadores, patrióticos y tradicionalistas que tienen como objetivo perpetuar los principios sociopolíticos del putinismo.