Todos con las víctimas

El sábado pasado, como cada 27 de junio, el Congreso de los Diputados rindió homenaje a las víctimas del terrorismo; el mismo día del año 1960, tuvo lugar el primer atentado con víctima mortal de la banda terrorista ETA, su víctima fue una niña de 22 meses, Begoña Urroz. Este año, el acto ha estado rodeado de polémica al no acudir algunas de las asociaciones más representativas de víctimas del terrorismo, por ejemplo la AVT, y ello, como acto de protesta frente al «protagonismo» y el «reconocimiento» prestado por el Gobierno de Pedro Sánchez a los herederos de Batasuna que son Bildu. La voz de las víctimas en el hemiciclo la ha trasladado Ángeles Pedraza, vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, la cual criticó lo mismo, enfatizando en el reconocimiento «como actor político a quienes creen que la violencia tuvo justificación». No puedo estar más de acuerdo con esta posición de las víctimas del terrorismo, que estoy convencido sostiene y defiende una gran parte de los ciudadanos españoles. La legalización de Bildu y Sortu, frente a la posición mantenida por el Tribunal Supremo, supuso el permiso democrático para poder actuar como actores políticos, pero nadie podría imaginar que algún Gobierno de España les convierte en corresponsables de la política nacional. El Tribunal Constitucional, por una exigua mayoría, afirmó que no se les podía catalogar como la continuación de la antigua Batasuna, sino como un nuevo partido creado por la izquierda abertzale que ha rechazado la violencia, incluida la de ETA, y se ha constituido con arreglo a las exigencias constitucionales. Faltaría más, pero hay un problema, esta genérica condena a la violencia que compartimos todo los demócratas, no se hace específica en todos y cada uno de los atentados cometidos por ETA, puesto que sus actos de condena lo son en general, «el rechazo y condena de cualquier tipo de expresión de violencia que se produzca, incluida la de ETA». No solo se debe condenar lo que se produzca, sino lo que ya ha ocurrido, y no tan solo lamentar el dolor causado como si de un accidente se tratara. La legalización que les concedió de forma prematura el Tribunal Constitucional, no puede justificar que un gobierno de España les otorgue este protagonismo. Es vergonzoso e indigno.