Una temporada turística finiquitada

La temporada turística ha muerto definitivamente en España después de que el Gobierno alemán haya recomendado a sus ciudadanos no viajar a ninguna parte del territorio español (salvo las Islas Canarias). Este durísimo golpe se suma al que hace varios días nos propinó el Gobierno británico y a otros de menor envergadura procedentes de la inmensa mayoría de países europeos. Sin prácticamente turismo exterior y con un turismo interior también mermado, los sectores más dependientes de esta actividad (hostelería, restauración, ocio o transporte) sufrirán un fuerte descalabro en el tercer trimestre del año después del cierre casi completo de actividad durante el segundo.
El drama debería servirnos, en todo caso, como aleccionamiento frente a esta pandemia: reabrir demasiado pronto la economía –es decir, reabrir sin las suficientes garantías como para evitar rebrotes descontrolados– no es una salvación sino una condena para nuestra recuperación. Durante el estado de alarma, fueron muchos los intelectuales y los políticos que exigieron una rápida reapertura de la economía para no seguir erosionando las bases de nuestro crecimiento. Se trata, en parte, de un desiderátum razonable, pues la hibernación social estaba destruyendo nuestra producción y nuestro mercado laboral, tal como hemos podido constatar en los terribles datos de PIB y de empleo del segundo trimestre de este año.
Pero no cualquier reapertura servía: poner de nuevo en marcha la economía sin medios y protocolos suficientes como para evitar rebrotes descontrolados del patógeno solo nos exponía al riesgo de una segunda ola y, si esa segunda ola se manifestaba, debería haber sido obvio que la economía se iba a hundir igualmente. Y en esas estamos ahora mismo: extranjeros que deciden no venir a España y españoles que optan por reducir su consumo social para disminuir el riesgo de contagiarse.
Una vez logremos controlar la situación actual –que lo lograremos– será necesario replantearse las medidas a adoptar para evitar que los contagios se multipliquen de nuevo y por tercera vez. Si aspiramos a recuperar cierta normalidad social –esto es, a reabrir bares, restaurantes, hoteles y también escuelas– necesitaremos de una gran capacidad para, por un lado, prevenir los contagios y, por otro, detectar rápidamente a los infectados y a sus contactos con el objetivo de poder aislarlos en forma de cuarentena.
Para lo primero es necesario el uso social de mascarilla así como el mantenimiento de la distancia de seguridad y el seguimiento personal de medidas higiénicas. Para lo segundo, una combinación de tests masivos y de rastreadores: los tests masivos (como los que acaba de anunciar la Comunidad de Madrid) permiten detectar diariamente a gran parte de los contagiados; los rastreadores contribuyen a localizar a toda la población con riesgo a estar infectada y a la que no se le ha practicado todavía un test. Las administraciones necesitarán invertir mucho más en esos recursos para poder volver a poner en marcha la totalidad de la economía: en caso contrario, no nos quedará otra que cerrar permanentemente aquellos sectores económicos que impliquen un contacto social más estrecho.
No desaprovechemos las próximas semanas para preparar los próximos meses pues de ellos dependerá nuestra prosperidad durante los próximos años. Nuestros gobernantes ya nos han fallado miserablemente una ocasión –durante el estado de alarma, cuando deberían haber preparado una desescalada con garantías– y no podemos permitirnos nuevas equivocaciones. La devastación del sector turístico español no es más que la consecuencia directa de la negligencia de la clase política española.

Recortar las pensiones

Que la situación financiera del sistema público de pensiones español es tremendamente complicada es algo que ya conocemos. Hace dos semanas, de hecho, el Tribunal de Cuentas certificó la magnitud de ese desequilibrio, en expansión desde el año 2011: 22.000 millones de euros anuales de agujero que, por desgracia, no van a hacer otra cosa que crecer durante los próximos años como consecuencia de nuestro mal perfil demográfico. Tocará hacer recortes y la cuestión es cómo distribuirlos entre pensionistas y cotizantes. El Banco de España nos ha dado recientemente algunas claves acerca de cómo podría distribuirse el coste de ese ajuste: los actuales jubilados están recibiendo en pensiones un 74% más de lo que cotizaron durante su vida laboral. De ese lado, y no del de los trabajadores, tendrá que venir el ajuste futuro.

¿Nuevos subsidios?

El Ministerio de Trabajo y Economía Social dice estar estudiando la creación de un subsidio de 430 euros mensuales para 500.000 trabajadores que siguen en situación de desempleo y que han visto agotadas todas sus prestaciones. A algunos la idea podrá sonarles razonable: ¿qué hacer con aquellas personas que, en las actuales circunstancias, no son capaces de encontrar un puesto de trabajo? Sin embargo, recordemos que hace unos pocos meses el propio Gobierno ya creó un instrumento específicamente dirigido a aquellas familias que carecieran de fuentes de renta con las que sostenerse: el Ingreso Mínimo Vital. ¿Qué sentido tiene proponer nuevas y redundantes transferencias cuando ya se creó aquél para este propósito? No es el momento de crear duplicidades ni de generar redes clientelares.

Abaratar la vivienda

De acuerdo con el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, los jóvenes españoles deberían cobrar el doble de lo que están percibiendo ahora mismo para poder emanciparse: en concreto, con un salario de 1.935 euros (el doble de lo que se les paga actualmente a los menores de 34 años) podrían destinar únicamente el 30% de sus ingresos para hacer frente al pago de la hipoteca (el porcentaje máximo recomendado). El enfoque es, sin embargo, equivocado: los gobernantes no pueden controlar el salario de los ciudadanos pero sí pueden influir sobre el precio de las viviendas liberando oferta de suelo y, por tanto, ampliando la cantidad de inmuebles a la venta. Cuanto más se abaraten las casas, más cundirá el salario de los jóvenes para poder constituir su propio hogar.