La rebelión de los alcaldes

Desde que se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las corporaciones locales españolas han ido acumulando año tras año superávit. No en vano, el texto legislativo promovido por Cristóbal Montoro restringe la capacidad de nuestros consistorios para aumentar el gasto –a través de la famosa regla de gasto– y, a su vez, los ayuntamientos se benefician de algunos de los impuestos con una recaudación más estable de todo nuestro sistema impositivo (como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Y así, superávit tras superávit, las corporaciones locales han acumulado un remanente de tesorería de cerca de 30.000 millones de euros sobre el que no pueden disponer. Hasta la crisis del coronavirus, los alcaldes no ejercieron una fuerte presión contra el Gobierno central (ni el de Mariano Rajoy ni el primero de Pedro Sánchez) para poder acceder a tales remanentes porque tampoco contaban con necesidades de gasto especialmente intensas. Sin embargo, la crisis sanitaria ha modificado de manera muy apreciable la situación y la gran mayoría de corporaciones locales solicita ahora recuperar el capital acumulado. Y el Gobierno PSOE-Podemos parecía estar dispuesto a concedérselo pero a través de una triquiñuela que, por un lado, asegurara que los ayuntamientos no se fundirían íntegramente ese remanente y que, por otro, le permitiera al propio Ejecutivo sacar tajada. Así, la primera medida consistía en suspender temporalmente la regla de gasto, de modo que las corporaciones locales pudiesen incrementar sus desembolsos durante el presente ejercicio. Pero, como decimos, el Gobierno no deseaba que los ayuntamientos dispusieran enteramente de esos fondos, de modo que condicionó la relajación de la regla de gasto a la siguiente operación financiera: los municipios se comprometían a prestarle todo el remanente de tesorería al Gobierno central (unos 30.000 millones de euros) y este, a cambio, les repartiría este año 5.000 millones de euros de acuerdo con el porcentaje que cada uno de ellos le prestó del remanente de 30.000 millones, y el resto del dinero se lo iría devolviendo cómodamente en 10 o 15 años.

La propuesta ha resultado inaceptable a prácticamente todos los alcaldes de España, quienes con razón observaron una expropiación temporal de su ahorro, y semejante rebelión se ha terminado materializando en una sonora y dolorosa derrota de los planes gubernamentales en el Congreso de los Diputados. Al final, esta colisión entre la administración central y la local pone de manifiesto un problema no resuelto de nuestra arquitectura institucional: la falta de una auténtica descentralización territorial que otorgue no sólo competencias a los ayuntamientos, sino también responsabilidades en la gestión de esas competencias. ¿Que un consistorio quiere fundirse todo su ahorro y endeudarse de manera desbocada? Que lo haga pero que, cuando quiebre, no reclame ni rescates ni ayudas del Gobierno central. Así este no tendrá razones para querer tutelarlo. Que accedan a sus 30.000 millones de euros, pero responsabilizándose de su futuro.