En noviembre de 2019, siendo presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez dijo aquello que hoy parece estar cincelado en la frontispicio del Ministerio Fiscal: la Fiscalía General de Estado depende del Gobierno. Dicho y hecho. El pasado 26 de febrero, el BOE publicaba el nombramiento de la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado. La decisión fue criticada desde todos los estamentos jurídicos por incumplir los criterios de idoneidad e imparcialidad exigidos. Sólo desde este fragante incumplimiento de las normas de independencia del órgano que tiene como misión constitucional (artículo 124) «promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público» puede entenderse que el teniente fiscal del Tribunal Supremo –y número uno de la Carrera Fiscal–, Luis Navajas, lanzase un ataque tan desmedido contra cuatro fiscales del juicio del 1-O y a la ex fiscal general Consuelo Madrigal. Ha sido una declaración pública –realizada en Onda Cero– que no ha requerido mucha más explicación: evidencia un mal de fondo que se arrastra desde que el Gobierno interviniese de manera directa en el proceso abierto contra los instigadores del golpe contra la legalidad democrática, para que la fiscalía rebajase la acusación de rebelión, lo que consiguió de la Abogacía del Estado, pero no en el caso de los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. Navajas admitió tener dudas sobre que lo sucedido el 1-O mereciese la calificación de rebelión hasta que el Supremo «les pinchó el globo». La manera de despreciar el trabajo de sus compañeros es notoria al decir que era una acusación hinchada –sin fundamento, por lo tanto– y que se podría desinflar. La crisis abierta, además de la dependencia que Delgado mantiene con el Ejecutivo, está en el informe que la Fiscalía elaboró y en la que descartaba que fueran aceptadas las querellas contra Sánchez y sus ministros –en contra de la tendencia en otros países europeos–, valoración que realizó el propio Navajas, sin tener en cuenta a la Junta de Fiscales de Sala y dejando al margen a fiscales de prestigio. Acusar que algunos de sus compañero están «contaminados ideológicamente» y que intentaron influenciarle es sembrar el descrédito y desprestigio de los que afrontaron el proceso más grave contra la democracia española. Esta decisión da un carpetazo a las 21 querellas y más de 40 denuncias, pero no resuelve el problema. El teniente fiscal Navajas, cercano ya su jubilación, segundo jerárquico del Ministerio Público, ha hecho un flaco favor como colofón de su carrera a un órgano que con la llegada de Dolores Delgado se ha convertido en un aparato más al servicio del Gobierno.