Ataque al Estado de Derecho

Una democracia liberal no se basa únicamente en la soberanía del pueblo, sino sobre todo en la limitación del poder del soberano. No eleva la voluntad general a la categoría de ley, sino que convierte los derechos y las libertades individuales en freno a lo que el Estado no puede legítimamente hacer. Y para salvaguardar esos derechos individuales frente al rodillo autocrático del Estado, la democracia liberal requiere de la fragmentación del imperium estatal en al menos tres partes o poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Tal como señalaba James Madison, aquella persona que concentrara en sus manos esos tres poderes a la vez, bien podría ser calificado de tirano, puesto que sería capaz a la vez de dictar las normas que han de cumplirse, de forzar que esas normas sean aplicadas y finalmente de juzgar en qué medida se han respetado las normas. La fusión de los tres poderes otorga al Estado la facultad de actuar con arbitrariedad, esto es, sin ninguna otra limitación que su voluntad. Controlado el legislativo, el Ejecutivo puede transformar sus caprichos en leyes; desarmado el Judicial, ni siquiera los derechos individuales resultan oponibles al capricho legislativo. De ahí que debamos observar con tamaña preocupación los intentos gubernamentales por controlar el poder judicial en España: primero normalizamos que la Fiscal General del Estado fuera nombrada de entre los miembros del Gobierno, diluyendo cualquier autonomía de la primera frente al segundo. Y ahora estamos normalizando dentro del debate público que una mayoría parlamentaria no cualificada pueda escoger a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En lugar de reclamar a nuestros políticos una reforma en profundidad del sistema para que sean los propios jueces, funcionarios de carrera independientes del Ejecutivo, los que elijan al gobierno judicial que va a gestionar sus asuntos, PSOE y Podemos buscan consumar una absoluta involución institucional con tal de colocar a su equipo politizado de magistrados al frente del organismo. Si no frenamos el asalto gubernamental de la justicia, si no exigimos el cese de toda interferencia de la política sobre la Justicia, el Estado de Derecho se resquebrajará delante de nuestras narices.