Auditorías de género

En medio de una pandemia que ha hundido la actividad y que amenaza con condenar a nuestro país a un persistente estancamiento, el Ejecutivo socialcomunista prosigue con sus leyes ideológicas sin preocuparse por cómo éstas vayan a terminar impactando sobre nuestro tejido productivo y sus perspectivas de recuperación. El martes aprobó dos ideologizados decretos cuyo objetivo último es el de, supuestamente, avanzar hacia la igualdad salarial entre hombres y mujeres. En el primero se establece la obligación para todas las compañías de crear un registro salarial donde se visibilicen las remuneraciones (incluyendo también los complementos) de toda la plantilla para así poder establecer comparaciones. La idea podría parecer inocente, dado que muchos ciudadanos entienden que es razonable que un hombre y una mujer que desempeñen el mismo trabajo cobren lo mismo, de modo que si este registro logra evitar que se produzca semejante discriminacion, entonces resultaría justificable. Pero es que ese tipo de discriminación ya lleva erradicada décadas: un hombre y una mujer que desempeñen el mismo trabajo ya cobran lo mismo. La famosa brecha salarial no se explica por este tipo de discriminación directa, sino porque hombres y mujeres desempeñan empleos distintos que son remunerados de manera diferente (otra cuestión es por qué las mujeres desempeñan, en promedio, empleos de más baja remuneración que los que desempeñan, en promedio, los hombres). De ahí que el registro no vaya a contribuir en nada a solucionar ese problema. Sin embargo, el registro sí le servirá al Gobierno para entrometerse de un modo mucho más agresivo dentro de la vida de las empresas a través de las llamadas auditorías retributivas. En este caso, las compañías de más de 50 trabajadores deberán someterse al examen de un auditor externo en el que se evalúe si dos puestos de trabajo diferentes, pero que a su ojos deberían ser considerados equivalentes, perciben el mismo salario o no: y, si no es así, tendrán que rectificar o ser sancionados. Démonos cuenta, pues, de que el Gobierno está abriendo la puerta al surgimiento de una policía de la ideología de género contra las empresas: auditoras ideologizadas serán las encargadas de decirles a nuestras empresas si tiene sentido que dos puestos de trabajo distintos se remuneren diferente o si, por el contrario, han de remunerarse igual porque, a su sesgado entender, deberían ser considerados empleos idénticos. Por si nuestras compañías no se enfrentaran ya a suficientes regulaciones absurdas y costosas, el Gobierno está añadiendo otras tantas de ellas.