Cada momento histórico tiende a focalizar el motivo del voto en un problema concreto: en aquella circunstancia que más pueda condicionar la vida de las personas. En ocasiones, es la economía la que predispone el resultado de las elecciones hacia un lado o hacia otro. Ha habido momentos en que la decisión de las urnas ha estado influida por los casos de corrupción de determinados partidos. En Cataluña, la pulsión independentista de un amplio sector de su población ha hecho que varios procesos electorales hayan tenido esa cuestión como motivo casi único del debate político y social. Y es muy destacable que esta vez, de cara a la votación del 14 de febrero, ocurra lo mismo.

Sería fácil de entender si viviéramos en una situación de cierta normalidad económica y, sobre todo, sanitaria. Pero la economía catalana se ha sumido en el mismo proceso de hundimiento que el conjunto de la economía española. Y la pandemia ha provocado ya más de 19.000 muertes en la comunidad autónoma, se producen una media de casi 80 fallecimientos diarios, hay cerca de tres mil personas hospitalizadas con más de 700 en la UCI, los contagios se cuentan por miles cada 24 horas, hay temor al avance de las nuevas variantes del virus, las restricciones ahogan al comercio y a la hostelería, y estamos en el inicio de un proceso de vacunación que avanza a un ritmo mucho más lento del deseable. Pero nada de esto despierta un interés especial en buena parte de los partidos que compiten por el voto. El asunto predominante sigue siendo el procés. Sin anestesia.

La escena principal del inicio de la campaña ha sido la salida de prisión de los líderes independentistas condenados por sedición, agraciados con la concesión del tercer grado penitenciario por decisión de la Generalitat -de sí mismos-. Y, entre ellos y sus compañeros, han situado los márgenes del debate preelectoral en competir por la promesa soberanista más intensa. Por ejemplo, qué harán los partidos independentistas si suman más del 50% de los votos. Y, cruzando de acera, los partidos no independentistas discuten sobre cuál es la mejor manera de frenar las intenciones del soberanismo.

Cuesta encontrar en los titulares de los medios alguna referencia a las propuestas de unos partidos u otros sobre la necesidad de revisar la efectividad de las medidas que se adoptan para evitar más contagios y más muertes; o sobre la ruina de algunos sectores económicos que, a su vez, condenan al desempleo a miles de trabajadores. Nadie se ha parado más de un minuto a comprometerse ante los votantes a gestionar de forma más eficiente el proceso de vacunación. Y eso ocurre porque, en realidad, ningún candidato ocupa ni diez palabras de su discurso en la gestión.

Ya lo ha dicho Anna Gabriel, la dirigente de la muy anticapitalista CUP, desde su refugio en la muy capitalista Suiza: que su partido “no entrará en un gobierno que venga a gestionar miserias”. Promover la revolución es más sencillo que resolver los problemas de la gente.