«Cordón sanitario» contra la Constitución

Si un partido político tiene que firmar un documento notarial para asegurar que no pactará con otra formación sólo demuestra, de entrada, que su palabra no vale nada, que nadie se fía de ella y que, en el caso que nos ocupa –el final de la campaña electoral en Cataluña–, es una representación más de la gran mentira que ha guiado en el «proceso». Reunidos ERC, JxCat y la CUP, más algunas otras formaciones independentistas sin representación parlamentaria, se han comprometido a que «sea cual sea la correlación de fuerzas surgida de las urnas, en ningún caso se pactará la formación de gobierno con el PSC». Hubiese bastado decirlo, como así han hecho en los diversos debates públicos, pero todo indica que ha sido una jugada más del ocioso Puigdemont que mata moscas en su aburrimiento belga con operaciones de entretenimiento como ésta y, de paso, poner en un aprieto a los de Oriol Junqueras. El manifiesto firmado, como la palabra de los independentistas –ni siquiera sabían o eran conscientes de que el 1-O estaban infringiendo gravemente la Ley–, no tiene valor legal ninguno, ni dicho documento se ha convertido en un documento público que confiera seguridad jurídica a los ciudadanos. Es decir, los catalanes volverán a ser engañados una vez más si fuese el caso, como demuestra un detalle que no es menor y que explica los espejismos que tanto confunden la política catalana: el independentismo gobierna en más de sesenta municipios de Cataluña con el apoyo del PSC. Como colofón de ese entendimiento, recordemos que la Diputación de Barcelona está presidida por una socialista con el apoyo del partido de Puigdemont, JxCat. Por lo tanto, sería una exageración hablar de que el documento firmado ayer es un «cinturón sanitario» –aunque sí vuelve a marcar la frontera identitaria– que ahora se le ha aplicado al PSC, como en su día se le aplicó al PP a través del Pacto del Tinell, de diciembre de 2003, con el que se cimentó el tripartito de izquierdas (PSC, ERC y los postcomunistas de ICV), sino una operación de diversión táctica entre separatistas, que pelean por el poder de la Generalitat. Porque ese es el verdadero litigio: desmontar ese gran aparato que Convergència tiene instalado en el gobierno de Cataluña y en el conjunto de la administración catalana desde hace 40 años y que ahora quiere ser reemplazado por ERC.

Salvador Illa conoce bien a sus adversarios y sabe que Junqueras no es un socio fiable, que, pese al pragmatismo que ahora reivindica, sólo busca tiempo para ganar base social y desbordar de nuevo al Estado. El PSC, que en el crítico otoño de 2017 estuvo al lado de los catalanes que el nacionalismo había despreciado, también sabe que la sociedad catalana sólo podrá salir del bloqueo en el que está instalada desde un compromiso firme con la Constitución.