Mala vecindad

Las relaciones entre Estados fronterizos se rigen por el principio de la buena vecindad. No parece que esta regla básica de mínima convivencia rija en las relaciones entre España y Marruecos. Incluso, en los periodos en los que se aventuraban buenas relaciones entre los dos Estados sobrevolaba la sospecha de que cualquier incidente pudiera deteriorar la tranquilidad y socavar los cimientos de la cooperación mutua. La llegada masiva de inmigrantes a Ceuta no solo forma parte de las desconfianzas entre los dos países sino que, además, es la expresión de una decisión calculada de las autoridades de Rabat de avivar el conflicto con España, utilizando para ello cuantos medios resulten precisos, incluida la violación grave de los derechos humanos. Está claro que la diplomacia española en relación con Marruecos debe ser pragmática y producir resultados tangibles pero, en ningún caso, esto significa que España renuncie a los principios y valores que recorren las esencias de su política exterior y también la de la Unión Europea. Marruecos ha demostrado que tiene voluntad y capacidad de sobrepasar límites que afectan al bienestar de los seres humanos y que puede violar normas del derecho internacional. España está en la obligación de demostrar que priman los valores de la democracia y el respeto de los derechos humanos y que está dispuesta a adoptar contramedidas en relación con el ilícito comportamiento marroquí. Habría que revisar los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos y poner de manifiesto que la ruptura de la legalidad internacional debe ser reparada. De no hacerlo, no transcurrirá mucho tiempo en que de nuevo los dos Estados deban enfrentarse a situaciones similares y peores a las que han acontecido en Ceuta estos días. Las relaciones internacionales discurren siempre por medios pacíficos y dentro de estos se encuentran la retorsión, contramedidas y sanciones. La respuesta de España debe ser clara, pacífica, convincente y que concuerde con los postulados de la Unión Europea.