El reto demográfico

Tras una conferencia de Presidentes de las comunidades y por acuerdo de sus miembros, se crea en Enero de 2017 el comisionado del gobierno para el reto demográfico. La expresión ha escalado puestos en el organigrama de nuestra administración hasta figurar en el nombre de un Ministerio . Pese a esa promoción en la jerarquía organizativa y al establecimiento de un plan de medidas para enfrentarlo, el balance de sus resultados ha sido hasta ahora mediocre y decepcionante.

Aunque tuvo otros objetivos, la estrategia concedió una importancia prioritaria al tema de la despoblación de la España montañosa e interior, donde algunos territorios adquieren la condición de verdaderos desiertos humanos. Para favorecer el asentamiento y la fijación de la población rural se formularon medidas como las de garantizar la plena conectividad territorial, el desarrollo de nuevas actividades económicas, la mejora de los servicios básicos o algunas disposiciones para favorecer el emprendimiento o reducir la presión fiscal. El paso del papel a la realidad de unos acuerdos, sin duda razonables, pero con pocas realizaciones prácticas y mal financiados, tuvo una acción correctora muy exigua. La política se quedó reducida a la categoría de los buenos deseos.

Y en ese panorama de atonía e inacción, llegó la pandemia que algunos juzgaron podía ser un instrumento catalizador y acelerador de esa pretendida revitalización demográfica del campo. No lo fue. El número de personas que se trasladaron de la ciudad al ámbito rural resultó anecdótico. Pudo ser un desplazamiento importante para sus protagonistas y para algunos espacios donde se asentaron, pero el proceso no ha cambiado la tendencia de fuerte urbanización. Para algunas provincias de la España interior se habla de crecimientos de la población rural del 5 %, pero en muchos más casos las cifras han sido más pequeñas. Como dice Sergio del Molino en su nuevo libro (Contra la España vacía) hubo « mucho caso particular, pero poco número». Pese a los inconvenientes de la vida urbana, las ciudades siguen creciendo y el campo no da síntomas de recuperación. Además hay dos circunstancias más a tener en cuenta. Que la mayoría de los que se fueron lo hicieron a zonas próximas a las áreas urbanas y no a la España rural profunda. Y que es necesario esperar a ver lo que sucede cuando entremos en esa ansiada normalidad laboral y de vida. Algunos protagonistas del éxodo urbano seguirán viviendo en el campo, pero otros probablemente volverán a la ciudad ya que no es fácil ganarse la vida en zonas carentes de la infraestructura y los servicios que demandan ciertas actividades.

Llegados a este punto es preciso reconocer que la «re-ruralización» que algunos pretenden es un proceso muy difícil, casi imposible en amplias zonas del país en donde viven ya tan pocos habitantes y tan envejecidos. A lo sumo, lo único que se puede pretender es que esas personas no acaben yéndose también ya que nadie o muy pocos van a volver a espacios tan despoblados y tan desolados.

Poner el acento del reto demográfico en la lucha contra la despoblación es una equivocación. El desajuste entre las medidas y las inversiones necesarias y los magros resultados previsibles aconsejan otras acciones para remediar o amortiguar procesos que forman parte también de nuestro reto demográfico y que afectan indistintamente al campo y la ciudad.

Hace mucho tiempo que resulta necesaria una política de ayuda familiar que frene la caída de la bajísima tasa de fecundidad (1,3 hijos por mujer) y permita que pueda recuperar unas décimas. Para ello todo está inventado. Basta desarrollar algunas de las acciones que en otros estados (Suecia, Francia…) han sostenido o recuperado natalidades mejores. Necesitamos políticas migratorias que reduzcan la inmigración ilegal y propicien las corrientes regulares necesarias, favorezcan la integración de los migrantes y mantengan las actitudes de rechazo o discriminación en los bajos niveles que siempre hemos tenido. Precisamos acciones que enfrenten el envejecimiento y los retos de la longevidad. Que permitan que quien quiere y puede trabajar lo haga en las mejores condiciones regulatorias y que dificulten los injustificados y tempranos abandonos del trabajo. Pero, al mismo tiempo, que para los verdaderos jubilados aseguren pensiones justas, la sanidad que precisan y la oferta suficiente de otros servicios para una vida plena y con ganas de vivirla. En una palabra, necesitamos una política demográfica integral que sin olvidar algunas medidas contra la despoblación, siempre conscientes de su moderada afectación personal y territorial, tengan en cuenta otras dianas y ajusten el tiro para actuar sobre asuntos, tan o más graves que la despoblación porque además de afectar a los territorios repercuten sobre las personas que viven en ellos. Y no nos deberíamos demorar mucho en la definición y puesta en marcha de estas políticas porque el tiempo para que sean eficaces se está agotando.