El estado de la nación sin estado

El desprecio de la izquierda que gobierna España hacia las reglas es la amenaza que más afecta a nuestro sistema de convivencia y libertad. Es una izquierda intervencionista en lo económico, que lleva su antiliberalismo, con tanta facilidad como frivolidad, al ámbito de los derechos y la libertad individual. Una izquierda que ha transformado el tradicional civismo laico en auténticas y sectarias profesiones de fe, el famoso catecismo progre, ante asuntos como el clima o el género, llevados al extremo del sectarismo y la intolerancia más aberrantes. Para redondear el producto, esa izquierda se alía, de manera interesada pero también natural, con el mundo identitario del nacionalismo más radical. El resultado de todo ello es un proyecto de división de la sociedad, que pone en peligro conceptos básicos de nuestras democracias liberales, plasmados perfectamente en la Constitución Española, como la ciudadanía, la igualdad ante la ley o la libertad, y que sustituye el espíritu de conciliación y reforma que fue el eje del periodo de la transición por el de la ruptura. Hablamos, claro está, de la esencia del sanchismo en estado puro, un proyecto que en lo político ha utilizado el real decreto ley en 108 ocasiones, ha declarado dos estados de alarma inconstitucionales y ha buscado, por todo tipo de vías, el control del poder judicial. El Gobierno Mordaza de Pedro Sánchez, curiosamente empeñado en derogar las leyes que más aplica, que, en lo económico, como correlato de su cesarismo liberticida, está impulsando un presupuesto que busca subir los impuestos a los españoles en 4.000 millones de euros más, después de que el que está en vigor lo hiciera en 9.000, en un contexto de paro, con cuatro millones de españoles sin empleo, y de inflación, que duplica a la de países de nuestro entorno, con más y más amenazas fiscales, un día la subida de cotizaciones, otro los peajes en las autopistas, además del recibo de la luz y del gas, un 200 % más caros, en gran parte por culpa de los costes no energéticos. Estamos asistiendo a un ataque frontal en toda regla contra la propiedad privada y la libertad individual, que se sustancia en debates llenos de exageraciones y mentiras, como el relativo a los impuestos bajos que se aplican en la Comunidad de Madrid, en el que resulta revelador ver a ERC y el PNV, bajo el paraguas socialista, siempre tan celosos de sus autogobiernos, exigiendo uniformidad fiscal española y diciendo abiertamente «no me toquen mis competencias, pero prohíban ustedes que Madrid ejerza las suyas», supliendo cualquier atisbo de coherencia y tolerancia por la aplicación directa de la ley del embudo, que parece ser la única que saben cumplir. Ciertamente se puede comprender que haya un debate, e incluso que sea duro, sobre si es mejor subir impuestos o bajarlos, y es incluso razonable que cada administración, en función de criterios ideológicos o prácticos, haga lo uno o lo otro. Sin embargo, aquí no está sucediendo eso, porque lo que plantean los nacionalistas vascos, los independentistas catalanes y los socialistas valencianos no es lo que pueden o no pueden hacer ellos, sino lo que debe hacer Madrid, intentando impedir que siga siendo el ejemplo de prosperidad que de hecho es. Atacar a la libertad que ampara la Ley sí que es competencia desleal, un paradigma de auténtico dumping y verdadera mordaza. Como colofón derogan partes importantes de la ley de seguridad ciudadana cuyo objetivo es garantizar la libertad y el disfrute de derechos, con el fin de que sus socios de gobierno puedan seguir agrediendo a policías, eso sí, de forma impune.